Dos ministros de Brasil, uno de ellos cabeza del organismo que en ese país decide la otorgación del estatus de refugiado, se reunirán este viernes con tres de sus colegas bolivianos para recibir antecedentes sobre el senador Róger Pinto, condenado en Bolivia por un delito común y ahora refugiado en ese país.
El ministro de Justicia Luis Enrique Cardozo y el de Abogacía General de la Unión, Luís Inácio Adams, recibirán a sus colegas bolivianos Carlos Romero (Gobierno) Cecilia Ayllón (Justicia) y Nardy Suxo (Transparencia y lucha contra la Corrupción) en un encuentro que se realizará a las 15.00 en el Ministerio de Justicia de ese país, exclusivamente para tratar el tema Pinto.
La información fue proporcionada hoy por el ministro Romero durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. En ella hizo notar que el Consejo Nacional del Refugiado (Conare) de Brasil es conducido por Cardozo, por lo que descartó que la delegación de ministros se apersone también ante ese organismo para presentar los antecedentes del senador de oposición, en un eventual intento de evitar que se ratifique su condición de refugiado.
“El Conare está encabezado por el ministro de Justicia Brasil, seguramente él transmitirá la información que oficialmente se brindará”, declaró la autoridad. Dijo además que en la delegación boliviana participará el Fiscal General del Estado, por lo que las autoridades brasileñas recibirán dos informes.
Romero explicó que la visita de los ministros bolivianos es resultado de una solicitud directa que hizo la presidente brasileña Dilma Rousseff durante la reunión que sostuvo con el presidente Evo Morales en la última cumbre de la Unasur.
“No es una reunión que hubiera sido gestionada de mutuo propio por el gobierno”, insistió, para luego aclarar que los tres ministros no viajan con la intención de volver con Pinto al país, sino de realizar un intercambio documental e informativo para demostrar que el parlamentario no es un perseguido político.
Pinto salió de Bolivia con rumbo a Brasil el viernes 23 de agosto, sin contar con un salvoconducto del Gobierno boliviano y con ayuda del encargado de Negocios de la Embajada de Brasil, Eduardo Saboia, quien posteriormente fue sustituido de su cargo. El irregular operativo también les costó el cargo al embajador de Brasil, Marcel Biato, y al canciller Antonio Patriota.
