A 13 días de la mayor tragedia en el sistema penitenciario que segó la vida de 35 personas, la Gobernación de Santa Cruz entregó ayer 30 cámaras de vigilancia y cuatro paraguas magnéticos para reforzar la seguridad en la cárcel de Palmasola.
Con la instalación de las cámaras de vigilancia y de los inhibidores (paraguas magnéticos para restringir llamadas de celulares), además de la entrega de 17 hectáreas para ampliar el centro sobre 34 hectáreas, Santa Cruz es el primer departamento en encaminar la reestructuración del sistema penitenciario en el país.
El gobernador cruceño, Rubén Costas, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras suscribir el acuerdo, coincidieron al señalar que las cámaras de vigilancia y los paraguas magnéticos irán a fortalecer la seguridad carcelaria.
Registro. El ministro Romero indicó que urge la necesidad de instalar las cámaras de vigilancia en el interior del centro penitenciario. “El objetivo es registrar y archivar todos los movimientos que se desarrollan en Palmasola”, dijo.
“El contar con las grabaciones nos permitirá procesar y adoptar las medidas correctivas en caso de ser necesario, a efecto de tener un mayor control en la cárcel”, subrayó Romero para luego agradecer al Gobernador por la inmediatez en la entrega.
Entre las propuestas también figura la apertura de la ex Granja de Espejos antes del 24 de septiembre. La directora de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Vanessa Gómez, adelantó que se está trabajando en la selección de los internos que serán trasladados hasta ese espacio.
Inicialmente se maneja la información de que los jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 25 años y que cuenten con sentencia ejecutoriada serán trasladados al centro de rehabilitación situado en el municipio de El Torno, a 40 kilómetros al oeste de Santa Cruz.
Con relación a la transferencia de un terreno de 17 hectáreas, Romero indicó que ese espacio permitirá ampliar la infraestructura y adecuar a los requerimientos de una cárcel moderna. De acuerdo con las autoridades, en el proyecto participarán la Alcaldía, con un estudio de factibilidad; el Gobierno será el encargado de invertir en la construcción de la infraestructura y la Gobernación se hará cargo de equiparlo.
Costas dijo que la tragedia que enlutó al pueblo cruceño y a toda Bolivia ha sacudido. “Creo que es un buen momento para tomar decisiones. Hoy existe esa decisión y sí estamos dispuestos a trabajar por el tema penitenciario y celebramos el compromiso del Ministerio Público, que hasta fin de año se pueda solucionar la retardación de justicia”, afirmó.
“Tenemos diferencias ideológicas, somos oposición democrática, pero también somos servidores públicos que tenemos la responsabilidad y la necesidad de responder a situaciones críticas que tiene el pueblo”, agregó.
El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, anunció que el costo de inversión para las cámaras de seguridad entregadas al sistema penitenciario supera los Bs 500.000. El Ministro de Gobierno adelantó que las cámaras estarán instaladas hasta el fin de año y paralelamente se colocarán los paraguas magnéticos para bloquear las llamadas de celulares tanto las que entran como las que salen de la cárcel de Palmasola.
El satélite controlará manillas
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, confirmó ayer que implementará el uso de manillas electrónicas para vigilar a los presos que gozan de arresto domiciliario y que deben presentarse periódicamente ante la Justicia o comparecer en las audiencias.
La principal autoridad encargada de las cárceles del país dijo que esa tarea será apoyada, “de manera eficiente”, por el satélite Túpac Katari, una vez que sea puesto en órbita y entre en funcionamiento, hecho que está previsto que ocurra en marzo de 2014.
Audiencias en las cárceles
W. F.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó ayer que se trabajará para que los fiscales asistan a las cárceles con el fin de realizar audiencias y así evitar la retardación de justicia.
En declaraciones a los periodistas en Santa Cruz, Mamani aseguró que se reunirán con las autoridades del Ministerio Público para determinar que además de los fiscales, también vayan a los centros penitenciarios jueces y operadores de justicia para agilizar los procesos.
Entretanto, el Ministerio Público de Oruro anunció la contratación de cinco fiscales más que trabajarán para ayudar a reducir la retardación de justicia en esa región. En la ciudad de La Paz también se informó que la Fiscalía incorporará a varios abogados, pero que aún no se determinó el número porque también serán asignados a El Alto.
Esperan beneficiar a 1.500 presos
I.C., E.C.
Un decreto complementará la aplicación del indulto. En el caso de quienes tengan sentencias ejecutoriadas con condenas menores a los ocho años de prisión, la medida podría beneficiar a cerca de 1.500 presos, anunció el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
La autoridad inició ayer el proceso de información para elaborar esa norma en el pabellón de mujeres de la cárcel de Palmasola, donde hay unas 550 internas, y en el sector de régimen abierto, donde están la gran mayoría de los reclusos varones de Palmasola. Algunos de los asistentes consideran que la medida no beneficiará a muchos porque el 84% de los privados de libertad en el país no cuentan con sentencia ejecutoriada.
Llanos explicó a los internos que la medida del indulto iría acompañada “de un perdonazo jurídico” para los presos preventivos y con el compromiso del sistema judicial de acelerar los procesos penales pendientes, para que en las cárceles estén quienes tienen una condena.
La delegada del centro de rehabilitación del pabellón de Mujeres, Yashira Pinero, planteó que las audiencias de acción de libertad y conclusivas se realicen en Palmasola. “Muchos de los procesos están retrasados porque los internos no podemos asistir a los actos procesales por falta de escoltas o transportes”, lamentó.
Uno de los internos del pabellón C4 dijo que el primer paso debe eliminar la retardación de justicia en las cárceles de Bolivia. “Cómo puedo beneficiarme si estoy más de un año con detención preventiva”, subrayó uno de ellos tras escuchar la explicación de la autoridad penitenciaria.
Pese a las observaciones, Llanos destacó que el indulto de este año benefició a cerca de 300 personas. “Ahora estamos trabajando para que este beneficio se extienda por un periodo de un año, a fin de favorecer a una mayor cantidad de reclusos que podrían ser 1.500”, anunció.
