El Gobierno recordó ayer diez años de la chispa que encendió la llamada guerra del gas y que expulsó del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada: una marcha campesina que exigía la liberación de su dirigente Edwin Huampo y un paro de 24 horas en El Alto.
El 8 de septiembre de 2003 distintos sectores acataron un paro cívico en El Alto y descendieron en una masiva marcha a la urbe paceña con un pliego de más de 80 demandas, aunque la principal fue la del rechazo a la exportación de gas por Chile. Este episodio fue recordado ayer por el vicepresidente Álvaro García en un concurrido acto en el cantón Macamaca, municipio paceño de Ancoraimes, provincia Omasuyos, donde entregó 461 viviendas sociales.
“Hace diez años, un presidente gringo llamado Sánchez de Lozada mató a los bolivianos por querer entregar el gas a los chilenos. Y el pueblo dijo, y las comunidades dijeron, no; la provincia Omasuyos se levantó”, agregó en alusión a otra movilización gestada en ese lugar con la misma finalidad, además de reclamar la liberación de Huampo.
En septiembre y octubre de 2003, El Alto se convirtió en un escenario de combate entre los manifestantes y el Ejército. Se calcula que fallecieron 77 personas y más de 400 quedaron heridas.
El 17 de octubre, tras dejar su carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos, donde ahora reside.
En Bolivia se abrió un juicio de responsabilidades contra 17 personas involucradas en la masacre. En 2011, siete militares recibieron una sentencia de entre tres a 15 años de encierro. Pese a que la Justicia pidió a Estados Unidos extraditar al exmandatario, ésta fue negada el 6 septiembre de 2012.
“No existe una nueva solicitud de extradición, y ha pasado un año”, dijo ayer el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta. En mayo, la Fiscalía General entregó a la Cancillería el segundo exhorto suplicatorio para su revisión y traducción. Para recordar el décimo aniversario de la caída del régimen, las víctimas harán una misa.
