Legisladores aseguraron el jueves celeridad en el debate del decreto presidencial que concede el indulto o amnistía de carácter ‘humanitario’ a privados de libertad, y descartaron modificaciones a la norma como plantearon algunos sectores, para beneficiar a una mayor cantidad de reos.
‘No existirán modificaciones tenemos que aprobarlo (el decreto) en el tiempo más breve posible, esta semana deberíamos aprobarlo en Diputados para que la otra semana el Senado pueda aprobarlo y de esa manera se pueda tener lo antes posible un indulto y amnistía’, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Carlos Aparicio.
Consultado sobre el pedido de ampliar el indulto para las personas que tengan sentencia igual o menor a 10 años y no 8 como establece el decreto presidencial, el legislador rechazó esa posibilidad porque se estaría beneficiando a sentenciados por delitos ‘muy graves’.
Aparicio aseveró que el decreto presidencial es una ‘norma completa’ que colma las expectativas de los legisladores porque beneficiará a las personas que tengan sentencia igual o menor a 8 años por la comisión de delitos menores; adultos mayores; adolecentes imputados y jóvenes hasta los 25 años; personas con enfermedad grave o incurable en período terminal y personas con discapacidad grave o muy grave.
Además son beneficiarios de la norma los padres de familia que tengan a su cargo a hijos menores a doce años en centros penitenciarios; las personas procesadas y detenidas preventivamente cuyo proceso haya tenido una duración igual o menor a cuatro años.
‘Esta situación permitirá prever que no salgan de la cárcel personas peligrosas las que hayan cometido, robo agravado, violación o asesinatos’, dijo.
Por su parte, la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara Baja, Flora Aguilar, saludó el decreto presidencial y dijo resolverá el hacinamiento en las cárceles y la retardación de justicia.
‘La obligación de la Asamblea Legislativa Plurinacional es aprobar ese decreto presidencial para favorecer a una parte de los reos’, afirmó.
La norma excluye de esos beneficios personas condenadas o procesadas por delitos de asesinato; violación a niño, niña o adolecente; traición a la patria; espionaje; secuestro trata y tráfico de personas; terrorismo separatismo y extorsión, además de personas procesadas por delito de corrupción pública o narcotráfico y reincidentes.
