La Asamblea de la Paceñidad reunida hasta esta noche decidió esperar a que el Gobierno responda oficialmente a sus cuestionamientos al Censo 2012 y a su demanda de compensación económica, antes de asumir una medida de presión como el paro cívico que se realizó el miércoles 11. Para ello, fijo un plazo de cinco días a partir de este martes.
La determinación fue comunicada a La Razón Digital por el dirigente de las juntas vecinales de La Paz, Arturo Quispe. Dijo que la Asamblea decidió enviar este martes, a primera hora, una carta con los cuestionamientos y las demandas paceñas, tanto a la ministra de Planificación, Viviana Caro, como el gobernador César Cocarico.
En ella los dirigentes cívicos exponen diez puntos para los que esperan respuesta en un plazo máximo de cinco días, entre los cuales destacan la demanda de revisión de los datos del Censo de Población y Vivienda 2012 y el pedido de compensación económica por la condición de ciudad sede del Gobierno.
“Hoy hemos firmado la cartas. Mañana a primera hora se les va a entregar a la ministra Caro y al Gobernador. Esperaremos la respuesta del Gobierno en los próximos días, pero sin embargo nos mantenemos en estado de emergencia”, explicó Quispe.
Dijo que otras de las resoluciones aprobadas en la Asamblea es la condena a la represión policial en el día del paro y la demanda de relevamiento poblacional para contrastar los datos del censo, trabajo en el que deberá intervenir una comisión técnica de la Universidad Mayor de San Andrés.
La decisión de los cívicos paceños fue adoptada cinco días después del paro cívico que inmovilizó la ciudad de La Paz en rechazo a los resultados del Censo 2012 y horas antes de que en Santa Cruz se instale una huelga de hambre por el mismo motivo, aunque también condicionada a una respuesta gubernamental.
