La Fiscalía General oficializó ayer la presentación del segundo pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ramiro Guerrero, jefe del Ministerio Público, dijo que el exhorto será presentado entre mañana y el jueves.
Guerrero aseguró que el documento ya está listo y anunció que a fines de este mes o a principios de octubre viajará a Estados Unidos para contratar a un bufete de abogados norteamericano para que se haga cargo del caso. Allí también contratarán a personal que se encargará de la traducción oficial del exhorto que tiene 1.900 páginas. Guerrero estimó que cada hoja traducida cuesta entre $us 50 y $us 60.
El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió a la Fiscalía General del Estado un millón de bolivianos para cubrir los gastos que demande la nueva solicitud, tomando en cuenta el monto para la contratación de abogados, la traducción y los viajes de las autoridades a Estados Unidos.
Ajuste. A diferencia del primer pedido de extradición, que fue rechazado por Estados Unidos en septiembre de 2012, el segundo toma en cuenta las observaciones particularmente sobre los tipos penales que han sido adecuados a la justicia norteamericana.
Sánchez de Lozada radica en Estados Unidos desde octubre de 2003, al igual que sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Todos ellos abandonaron el país luego de los enfrentamientos producidos en La Paz y El Alto con un saldo fatal de al menos 73 víctimas.
“En la primera solicitud varios tipos penales no están contemplados en el procedimiento norteamericano, entonces hemos trabajado fundamentalmente en eso y hemos mejorado esos temas y adecuado la similitud de los procedimientos”, afirmó Guerrero.
De acuerdo con el trámite en estos casos, una vez que la Fiscalía presente el exhorto, el Tribunal Supremo de Justicia deberá tratar en Sala Plena la solicitud del Ministerio Público y después aprobar o rechazar su trámite. En caso de dar curso al pedido, el documento deberá ser enviado a su similar de Estados Unidos, a través de la Cancillería del Estado.
Difieren reunión conciliatoria
La audiencia de conciliación de reparación de daño planteada por 124 víctimas del caso Octubre fue suspendida hasta el 25 de septiembre, debido a que uno de los demandados, Erick Reyes Villa, no fue citado mientras que los otros acusados no se presentaron con sus abogados.
En la audiencia desarrollada en el Juzgado de Sentencia 1° en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, los generales Juan Véliz Herrera, Gonzalo Rocabado, Roberto Claros y José Quiroga, además del almirante Luis Alberto Aranda, dijeron que no lograron contratar a abogados porque en Sucre, el viernes, día en que los citaron, se suspendieron las actividades por la entrada en honor de la Virgen de Guadalupe.
El general Herrera rechazó la nueva demanda en contra del exmando militar de 2003 y dijo que en ningún momento actuaron como individuos, sino como parte de una institución. “Por tanto, esta demanda debería ser al Estado no a nosotros porque dependíamos del Estado”, expresó.
