El vicepresidente Álvaro García informó que el Gobierno trabaja en la propuesta de incorporar en la normativa penal penas de cárcel para los jueces y fiscales que demoren entre tres a seis meses en la tramitación de una sentencia condenatoria o absolutoria.
“En tres o seis meses no acaba la sentencia, el Juez entra a la cárcel o el fiscal entra a la cárcel por incumplir su labor”, explicó la autoridad en conferencia de prensa en la que abordó diferentes temáticas, entre ellas la problemática carcelaria, caracterizada por el hacinamiento y un 80% de detenidos preventivos.
García recordó que la iniciativa fue tratada ayer en el marco del debate que antecedió a la viabilización del Decreto Presidencial del Indulto y la Amnistía. “Hay que acabar con el tráfico, el manoseo y el negocio del tiempo que hacen algunos jueces y algunos fiscales y que les permite extorsionar, esquilmar y vivir de la sangre de los presos y de sus familias; y eso requiere un nuevo Código de Procedimiento que sea rápido y fatal”, señaló.
Dijo que la medida acabará también con los abogados dedicados a pedir dinero a sus clientes por la reprogramación de audiencias. “Así vamos a tener a jueces que no van a tener a los detenidos ahí sin saber si son culpables o inocentes de manera indefinida, se va a acabar eso”.
Agregó que para efectivizar la iniciativa incorporarán una serie de modificaciones intermedios o transitorios en el Código Penal, que recojan varias de las preocupaciones manifestadas tanto por diputados oficialistas como opositores. “Se va a tocar el tema de los extranjeros y otros temas de sentencia”, señaló en referencia a los extranjeros encarcelados y la posibilidad de su expulsión..
El siguiente paso, según el Vicepresidente, será el tratamiento de la Ley de Procedimiento Penal más sus disposiciones transitorias, en las que se incluirá una serie de medidas “fuertes” que fiscalizarán el trabajo de los Órganos Ejecutivo y Judicial.
García también abrió la posibilidad de destinar mayores recursos a la mejora de la infraestructura carcelaria. “Si la alcaldía (de La Paz) no estaría haciendo estos problemas (relacionado al censo 2012), ya estaríamos comenzando a definir el uso de San Pedro, haciendo la transferencia al Ministerio de Economía, para que desembolse dinero y estaríamos construyendo una cárcel grande en Rio Abajo”, lamentó.
“Hoy por hoy, quienes gobiernan los recintos son los presos, y se da una división de clases sociales (…) los que tienen plata y los que tienen poder de coerción son los que mandan, el resto esta aplastado”, cuestionó.
