La Fiscalía presentó el segundo pedido de extradición de Estados Unidos del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos exministros por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, llegó a las 11.00 de ayer hasta el Tribunal Supremo de Justicia junto al fiscal superior, Orlando Riveros. Ambos dejaron el documento de más de 1.900 páginas que debe ser analizado por la Sala Plena del máximo tribunal de Bolivia.
El Ministerio Público plantea la extradición del expresidente por siete delitos, de los que los más graves son genocidio y homicidio, tipificados en los artículos 138 y 251 del Código Penal, que tienen una pena máxima de 20 años de presidio.
La solicitud se la hace también para los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, quienes radican en los Estados Unidos desde octubre de 2003. Las autoridades salieron del país a consecuencia de la “guerra del gas”, en la que murieron 73 personas y quedaron heridas cerca de 400.
Rechazo. En septiembre de 2012, el Gobierno de Estados Unidos hizo conocer su rechazo al primer pedido de extradición boliviano. Indicó que algunas figuras legales no estaban adecuadas a su ordenamiento jurídico.
Al respecto, Guerrero dijo que se tomaron en cuenta todas las observaciones planteadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Añadió que se reforzó la parte explicativa de los hechos y también se adjuntaron pruebas documentales, fotografías, testimonios y declaraciones.
Según Riveros, precisamente por esas observaciones se eliminó de este segundo pedido los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y acciones contra la libertad de prensa.
Luego de los trámites legales y diplomáticos, recién el 6 de febrero de 2013 se notificó formalmente a la Fiscalía General con las observaciones planteadas por Estados Unidos. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar el nuevo pedido que fue socializado con la Cancillería, las víctimas de octubre de 2003 y sus abogados.
Tras la presentación del memorial, el documento debe pasar a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que deberá tratar el pedido y definir por votación su ejecución o no.
Riveros explicó que, en caso de aprobarlo, el exhorto deberá ser entregado al Ministerio Público para que, a su vez, sea enviado ante las autoridades diplomáticas y judiciales de EEUU, a través de la Cancillería del Estado.
“Éste es un tema estrictamente jurídico, es un tema legal, y lo que pediríamos es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos pueda remitir a las instancias judiciales pertinentes, para que sean ellas las que realicen el trámite que corresponda y no se le dé un tratamiento de otra índole que no sea el jurídico”, manifestó el Fiscal General del Estado.
Guerrero anunció que la próxima semana viajará a Estados Unidos para contratar un bufete de abogados que se hará cargo de todo el proceso judicial en suelo estadounidense, además de buscar el servicio de traducción del documento del español al inglés.
Para este cometido, el Ministerio de Economía y Finanzas destinó el presupuesto extraordinario de un millón de bolivianos para cubrir los gastos que demande el trámite tanto en Bolivia como en los Estados Unidos.
Penas que se solicitan
Delitos
Según el Código Penal, los delitos y penas para Sánchez de Lozada son: genocidio, 20 años de cárcel; homicidio, 20 años; vejaciones y torturas, 10 años; lesiones gravísimas, ocho años; privación de libertad, dos años; y allanamiento de domicilio, dos años.
