Los múltiples cuestionamientos de legitimidad entre autoridades que apoyan y cuestionan al proceso de cambio que impulsa el Gobierno, están generando una tensión interna en el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
El conflicto se agravó cuando el domingo 15 de septiembre un grupo de dirigentes afines al Gobierno (miembros del Pacto de Unidad) se presentaron en una reunión del Conamaq reclamando el inmediato cambio de autoridades nacionales.
Según el jilliri apu mallku del Conamaq, Félix Becerra, este cambio es por rotación o muyu, cuando en una reunión orgánica las autoridades de las 16 naciones originarias que conforman el Conamaq deciden hasta cuándo dura la gestión del actual dirigente (lo máximo es cuatro años, según estatutos), quién y de dónde será. La reunión se convoca con tres meses de anticipación, según el reglamento de la organización.
El conflicto tiene que ver con la disputa entre dos grupos: por un lado Becerra, quien asumió en diciembre de 2011 el cargo de autoridad de la organización y, por otro, el dirigente del Conamaq afín al Gobierno, Plácido Suntura.
División. “Lo que pasa es que hay problemas internos; ya desde la octava y la novena marcha del TIPNIS se han distanciado; ellos decían que como no hay solución a este problema, entonces ya no apoyamos; pero son pocos. El señor Becerra y tres ‘suyus’ que le respaldan”, afirmó el mallku de Larecaja, Jhonny Huanca.
“No estamos divididos, sólo es un grupo de dirigentes de Qapac Umasuyus que a nombre de la regional quieren debilitar a la organización; no tienen respaldo, entre ellos están Plácido Suntura, Jhonny Huanca y otros”, afirmó Becerra, quien además aseguró tener el respaldo de 13 naciones.
“El señor Gregorio Choque ha sacado la Personería Jurídica para el “Conamaq La Paz”; es cierto, se lo suspendió de sus funciones pero no se lo expulsó, eso se debe consensuar en una reunión de autoridades”, sostuvo Huanca.
Entre 2011 y 2012 el Conamaq apoyó las marchas protagonizadas por pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), quienes rechazaban la construcción de una carretera que atreviesa la reserva.
Según Becerra, la organización se desvinculó del Pacto de Unidad en 2011. “Nosotros lo hemos creado (el Pacto) en 2004, con tres objetivos: recuperar los hidrocarburos, crear la Asamblea Constituyente y la protección de tierras; pero luego en el camino se ha incluido la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y las “Bartolinas”, quienes estaban a favor del Gobierno. El Conamaq jamás va apoyar a un partido político”, sentenció Becerra.
Al respecto Huanca mencionó: “Nosotros como institución tenemos representación en el Pacto de Unidad; está el señor Plácido Suntura, que es reconocido; desde el principio siempre hemos apoyado este proceso de cambio”.
La actual directiva tiene planificado crear “otro Pacto de Unidad” sólo de naciones originarias, “pero no podemos concretarlo porque hay intromisión”, explicó el asesor David Crispín.
El estatuto orgánico indica que a Becerra le faltan dos años de gestión. “Para mí es claro que cuando se convoque a designar al próximo jilliri, éste será de Sura, Oruro, y el taipiri apu mallku vendrá de Charcas, Potosí”, afirmó el actual dirigente Becerra.
El Conamaq fue creado el 22 de marzo de 1997 en Challapata (Oruro), su estatuto orgánico entró en vigencia en 1998.
“Nosotros somos como el Gobierno; sí buscamos un paralelismo: el jilliri sería como el presidente Evo Morales, el taipiri sería el Vicepresidente y hay 11 comisiones constituidas por cuatro autoridades de cada “suyu” (nación originaria), dos titulares y dos suplentes que son como ministros” de Estado, explicó el asesor.
El 1 y 2 de octubre se reunirá el directorio del Fondo Indígena; Conamaq anunció que participará.
Ley de Consulta sigue en observación
Luego de que en agosto fue aprobado el anteproyecto de Ley de Consulta Previa por las cinco organizaciones del Pacto de Unidad reunidas en Cochabamba, el jilliri apu mallku de Conamaq, Félix Becerra, informó que el Consejo presentará las observaciones al Ministerio de la Presidencia para debatir posibles cambios.
“Mantenemos nuestra observación en el sujeto de consulta, solo debería hacerse a las naciones originarias; además, el tema de la negativa, cuando el Gobierno tomará la decisión final ante una falta de consenso, este documento lo han aprobado porque eran mayoría”, afirmó Becerra.
Norma. El anteproyecto tiene 37 artículos y tres disposiciones finales. Busca “normar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano; cuya finalidad es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento (…) cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar los derechos colectivos indígenas”.
Al respecto el mallku de Larecaja, Jhonny Huanca, sostuvo: “La ley es clarita, se hace la consulta a todos los que viven en el lugar; además, ellos han firmado”.
