El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, pidió hoy la suspensión del embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti, para que responda a una acusación por su supuesta responsabilidad en la brutal represión en 2011 a indígenas opuestos a la construcción de una carretera en la reserva natural TIPNIS.
En un comunicado, Villena recomienda al Ministerio de Exteriores «que suspenda de sus funciones» a Llorenti para que explique «su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS» en 2011. Llorenti fue nombrado embajador ante la ONU el 5 de septiembre de 2012.
Villena emitió el comunicado con motivo de los dos años que se cumplen hoy de la represión ejercida por la Policía contra centenares de nativos que exigían al presidente Evo Morales la suspensión de las obras para una carretera que dividirá en dos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El Tipnis es un área de 1,2 millones de hectáreas con forma de triángulo invertido, situado entre los departamentos de Cochabamba y Beni, que Morales pretende integrar con la construcción de una carretera que atravesará la reserva.
Los indígenas opuestos al proyecto marcharon entre agosto y octubre de 2011 desde la Amazonía a La Paz en rechazo a la obra, pero su marcha fue intervenida el 25 de septiembre de 2011, cuando los nativos descansaban pacíficamente a 300 kilómetros de La Paz.
Medio millar de agentes cargaron con gases y porras, amordazaron a los dirigentes y a mujeres con cinta adhesiva y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en vehículos a pueblos vecinos.
El presidente Morales calificó entonces de «imperdonable» la acción policial, que causó una crisis en su Gobierno con la renuncia de dos ministros y otras autoridades, pero hasta ahora ningún funcionario de alto rango asumió responsabilidad por lo ocurrido.
Solo han sido imputados por la represión el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán y el exsubjefe policial Oscar Muñoz, mientras que la Fiscalía excluyó de las investigaciones a Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y al exministro Llorenti.
El Defensor del Pueblo lamentó hoy que a dos años de aquella «violenta represión» se evidencie «que la impunidad y la retardación son las respuestas del Estado a la demanda de justicia».
«Las investigaciones se han sumergido en una especie de letargo más parecido a la complicidad y en la sucesión de contradicciones, artilugios y confusiones que no pueden calificarse como ineficiencia o incapacidad del sistema», señala el comunicado de Villena.
Agrega que no puede hablarse de incapacidad del sistema judicial, pues en el mismo periodo han sido resueltos «otros casos más complejos y menos evidentes en tiempos plausiblemente cortos».
«Mientras los autores intelectuales y materiales de la intervención gozan de libertad, protección y tranquilidad, las víctimas pasaron a ser acusadas y perseguidas por el propio sistema de justicia que debería protegerlos, y sus organizaciones divididas y diezmadas, en medio de una total indefensión», indica la nota.
Villena pidió a la Fiscalía que «reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación» a Llorenti, «quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana y era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos».
