Parlamentarios del oficialismo afirmaron hoy que el caso Chaparina debe ser resuelto en la justicia y criticaron al Defensor del Pueblo, Rolando Villena, por prejuzgar al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por la violenta intervención policial a indígenas del TIPNIS el 25 de septiembre de 2011.
En la Cancillería, la responsable de prensa, Consuelo Ponce, dijo a La Razón Digital que hoy no se emitirá ningún pronunciamiento sobre el pedido que hizo Villena para que Llorenti sea suspendido de su cargo de embajador ante la Organización de Estados Unidos (ONU) a fin de que responda por estas acusaciones.
Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Rojas y Edwin Tupa afirmaron, por separado, que el tema Chaparina debe ser investigado por el Ministerio Público y que debe ser esta entidad la encargada de señalar quiénes son los responsables de la intervención policial a los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) la tarde del 25 de septiembre de 2011.
“Me parece un desatinado comentario por parte del Defensor del Pueblo. Para la suspensión de una autoridad ésta debe tener una sentencia ejecutoriada, en esto el Defensor se está adelantando a los hechos, está prejuzgando cuando las investigaciones no han dado ningún resultado”, declaró Tupa.
Rojas, exjefe de Bancada del MAS, dijo que el Defensor tiene todo el derecho de hacer cualquier pedido, pero recordó que el tema es ventilado en la justicia y que es la Fiscalía la que debe pronunciarse al respecto, hasta dar con los responsables del hecho. ”El Ministerio Público es el encargado de las investigaciones, lo que debemos hacer es pedirle que agilicen la investigación”, sostuvo.
Villena, a través de un comunicado, pidió hoy la suspensión de Llorenti para que responda a las acusaciones que pesan en su contra por la citada represión. También solicitó al Ministerio Público involucrar a Llorenti en las investigaciones en el denominado caso Chaparina, del que en 2012 fue liberado por una autoridad fiscal.
El diputado Tupa calificó el pronunciamiento de Villena como una ‘acción desatinada’ y recordó que cualquier suspensión debe darse después de que el supuesto autor de los hechos tenga una sentencia ejecutoriada.
Tupa añadió que el Ministerio Público tiene el reto de ganar la credibilidad de la población a través de la agilización de las investigaciones. Rojas evitó pronunciarse sobre la necesidad del regreso de Llorenti al país para explicar los sucesos de 2011. Insistió que el caso debe quedar en manos de la justicia, hasta lograr su total esclarecimiento.
Sobre el tema, la senadora opositora por Convergencia Nacional (CN), Centa Reck, opinó que el Defensor del Pueblo lo único que hace es “interpretar la necesidad que tiene el pueblo de Bolivia de aclarar un tema que es muy doloroso”.
“Es lo mínimo que puede hacer el presidente Evo Morales (suspender a Sacha Llorenti). La ciudadanía está más pendiente de la protección que se brinda a algunos personeros de Estado y de las situaciones que quedan sin esclarecer. Es un buen pronunciamiento y el Defensor adquiere una línea correcta y el Gobierno debería dar una respuesta inmediata”, agregó.
