Tras dos años de la violenta intervención policial a la VIII Marcha Indígena, en Chaparina (Beni), las investigaciones judiciales de este caso no avanzan, señalaron los diputados Rebeca Delgado y Ever Moya (MAS) y el exdirigente indígena Rafael Quispe.
Moya, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, lamentó la tardanza en la pesquisa del caso. Quispe sostuvo que el proceso se halla estancado con el objetivo de dar impunidad. Por esa situación, los indígenas reprimidos pusieron en manos de la diputada Delgado la fiscalización sobre la investigación judicial que se lleva adelante.
La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, también lamentó que haya retardación en la justicia, no solamente en este caso, sino en varios otros. No obstante, el fiscal general, Ramiro Guerrero, aseguró que el proceso de investigación está en curso, a pesar de la complejidad del caso por el número de actores que incluye.
El 25 de septiembre de 2011, la Policía intervino la VIII Marcha Indígena que se trasladaba de Trinidad a La Paz. Con esa movilización, los originarios se oponían a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“El Ministerio Público debería responder por qué se da la retardación de justicia a dos años. Hemos pedido un informe, sobre el caso Chaparina, como Comisión de Derechos Humanos y hasta la fecha no tenemos una respuesta. Aún esperamos y en función a eso vamos a analizar si corresponde una conminatoria”, dijo Moya.
Quispe cuestionó la tardanza en la investigación y, en su criterio, esta situación tiene el objetivo de dejar impunes a los responsables que eran exautoridades del actual Gobierno.
Ante los pocos resultados en la investigación, las denunciantes pidieron que Delgado fiscalice el caso, ya que aún no se halló a los responsables de dar la orden de intervención a la marcha. Tras el pedido, la diputada exigió a la Fiscalía entregar en 48 horas el cuaderno de investigaciones.
Delgado también anunció que prepara una solicitud de informe oral ante la Asamblea Legislativa del Fiscal General, para que responda por qué aún no se identificó a los responsables de la represión a la marcha indígena.
“He pedido un informe sobre el caso para ver cuál es el avance que tiene que de por sí es una situación compleja por la cantidad de personas y declaraciones que hay que tomar, además de los tipos de delitos”, indicó Guerrero que llegó a la ciudad de La Paz.
El Fiscal General agregó que instruyó desde su despacho dar celeridad en el caso, además de que se realice una evaluación o auditoría jurídica para ver las actuaciones y confirmar si son los fiscales quienes retrasan los casos, pese a que en muchos procesos los abogados promueven esa labor.
El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, confirmó que las investigaciones continúan y que una muestra de ello es que los fiscales viajaron a Santa Cruz de la Sierra para tomar declaraciones a tres exfuncionarios del Ministerio de Gobierno detenidos en la cárcel de Palmasola. Añadió que existe la dificultad en el proceso con las notificaciones a las más de 100 víctimas.
Patricia Santos, fiscal asignada al caso, explicó que el proceso está en etapa preparatoria, toda vez que se han formalizado las imputaciones respectivas. Añadió que hay solicitudes pendientes de aplicación de medidas cautelares y hasta la fecha no se ha señalado fecha y hora para la audiencia para considerar esos pedidos.
Piden nuevo proceso
Cautelar
La fiscal asignada al caso Chaparina, Patricia Santos, confirmó que dentro del proceso de investigación se pide la aplicación de medidas cautelares para el general Modesto Palacios y el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, quienes estarían acusados por los delitos de vejación y torturas, entre otros.
Anuncian marchas en La Paz y Beni
Rafael Quispe, exdirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), anunció que hoy se realizarán diferentes movilizaciones para recordar los dos años de la represión policial a la VIII Marcha Indígena y protestar por el lento avance del caso Chaparina.
Quispe informó que después de dos años de la represión del 25 de septiembre de 2011, una movilización empezará a las 09.30, en el hotel Torino, donde se dará un informe del proceso judicial.
Luego, a las 10.00, se dirigirán a las puertas de la Fiscalía de La Paz, donde se concentrarán para exigir celeridad en el proceso. Después marcharán rumbo a los predios de Naciones Unidas de la sede de gobierno, donde exigirán la expulsión del embajador boliviano ante la ONU y exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, a quien —según Quispe— responsabilizan de la represión policial en Chaparina.
Desagravio. Entretanto, dirigentes indígenas del TIPNIS realizarán un acto de desagravio en la localidad de Chaparina (Beni), donde fueron reprimidos en 2011. A ese acto confirmó su presencia el gobernador del Beni, Carmelo Lenz, quien cuestionó la retardación de justicia y la parcialidad que existe de algunos fiscales, ya que en otros casos actúan de forma rápida y en otros, como éste, no hacen el trabajo, reportó la red televisiva Gigavisión.
Según la agencia de noticias ANF, los indígenas del TIPNIS desarrollaron un acto en San Borja el lunes y mañana tienen prevista otra reunión en la localidad de Rurrenabaque, ambas poblaciones benianas que jugaron un papel protagónico para defender a la columna de la VIII Marcha Indígena.
Flores afirma que son ‘doblemente víctimas’
Las víctimas de la represión policial a la VIII Marcha Indígena acusan al Ministerio Público de volverlos “doblemente víctimas” por la negación de justicia en este caso, además de impedirles el acceso al cuaderno de investigaciones.
“Todo el horror que hemos vivido el 25 de septiembre de 2011 nos puso de víctimas, pero ahora somos doblemente víctimas del Poder Judicial, específicamente del Ministerio Público, que en este tiempo hizo una sistemática denegación de justicia”, reclamó la activista de Derechos Humanos Olga Flores, quien fue agredida en la intervención policial. También lamentó que la Fiscalía no les deje obtener el cuaderno de investigaciones.
Flores criticó que la comisión de fiscales decidiera retirar del proceso al exministro de Gobierno Sacha Llorenti. Dijo que esa resolución volverá a ser cuestionada para que se lo vuelva a incluir en el proceso.
En respuesta a la queja de Flores, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró a los periodistas que quien tiene la última palabra y es quien decide si se vuelve a incluir en el caso al exministro Llorenti debe ser la fiscal en Suplencia Legal, Rosario Venegas.
