A dos años de la represión en Chaparina y con el proceso judicial aún en curso, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió a la Cancillería que suspenda al embajador ante la ONU y exministro de Gobierno Sacha Llorenti, para que dé información sobre el caso.
En respuesta, a nombre del Gobierno, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, rechazó la posición de Villena y calificó a la misma de política. “Hay que reconocer que el Defensor del Pueblo está vinculado y actúa como un portavoz del Movimiento Sin Miedo. Desde esa perspectiva, las opiniones que lanza son criterios totalmente políticos”, afirmó la autoridad a radio Panamericana.
Villena, a través de un documento titulado “Dos años de impunidad”, recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspenda a Llorenti para que explique al país “su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones de Chaparina”, en Beni.
El caso busca determinar responsabilidades en cuanto a la orden para la intervención policial a la VIII Marcha Indígena, el 25 de septiembre de 2011. Con la movilización, que partió de Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz, los originarios se oponían a la apertura de una carretera por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El excomandante de la Policía Óscar Muñoz Colodro está en detención domiciliaria desde noviembre de 2011, mientras que el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán se halla imputado. En agosto de 2012, la Fiscalía excluyó del proceso a Llorenti.
Al ser consultado sobre este tema, en Santa Cruz de la Sierra, el vicepresidente Álvaro García lamentó ayer que la investigación no avance. Expresó su malestar porque hasta ahora no se haya emitido una sentencia “no sólo en este proceso, sino también en otros”, por lo que cuestionó la administración de justicia. También invocó a las autoridades judiciales a que dicten una condena a quien corresponda por la intervención policial en Chaparina.
Villena, además, solicitó al Ministerio Público que reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación a Llorenti, “quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana (y) era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos”.
El Defensor del Pueblo también pidió a la Fiscalía General del Estado que amplíe las pesquisas a todo el personal policial y civil que participó directa o indirectamente en la represión y en el posterior traslado de los marchistas.
Policía niega que exista un informe confidencial
Un reporte de la Policía Boliviana asegura que no recibió ningún informe confidencial sobre el operativo de intervención a la VIII Marcha Indígena en 2011, según reveló ayer la fiscal Patricia Santos, que encabeza la comisión que realiza las pesquisas.
“El Comando de la Policía ha emitido una certificación donde se hace conocer que dicha información confidencial no ha sido recepcionada”, declaró Santos a la red Uno. Esta posición coincide con la del excomandante Jorge Santiesteban, quien dijo que desconocía la existencia de ese documento.
El 14 de agosto, representantes del Movimiento Sin Miedo (MSM) publicaron un informe sobre la intervención en Chaparina, que supuestamente llevaba la firma del entonces inspector de la Policía, Edwin Foronda. Según los voceros del MSM, el texto muestra que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó la represión.
Entretanto, víctimas y activistas de derechos humanos marcharon ayer en protesta en La Paz, Santa Cruz y en la localidad de Chaparina (Beni), con el fin de pedir que se castigue a los responsables del operativo policial.
