El Gobierno boliviano acusó hoy al Defensor del Pueblo del país, Rolando Villena, de haber perdido neutralidad cuando se refiere al caso de la brutal represión policial en 2011 a indígenas opuestos a la construcción de una carretera en la reserva natural Tipnis.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló hoy que Villena ha asumido una posición política en este caso, perdiendo el criterio neutral, según un boletín difundido por su despacho.
Dávila replicó de esta forma al pedido que hizo hoy Villena de que sea suspendido del cargo el embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti, para que responda a una acusación por su supuesta responsabilidad en la represión a una marcha de nativos del Tipnis, ocurrida hace dos años.
Los indígenas contrarios a la construcción de una carretera proyectada para partir en dos esa reserva forestal marcharon entre agosto y octubre de 2011 desde la Amazonía a La Paz en rechazo al proyecto vial.
Su marcha fue intervenida el 25 de septiembre de 2011, cuando los nativos descansaban pacíficamente a 300 kilómetros de La Paz.
Medio millar de agentes cargaron con gases y porras, amordazaron a los dirigentes y a mujeres con cinta adhesiva y trasladaron por la fuerza a decenas de ellos en vehículos a pueblos vecinos.
El presidente Morales calificó entonces de «imperdonable» la acción policial, que causó una crisis en su Gobierno con la renuncia de dos ministros y otras autoridades, pero hasta ahora ningún funcionario de alto rango asumió responsabilidad por lo ocurrido.
Villena lamentó hoy que a dos años de aquella «violenta represión» se evidencie «que la impunidad y la retardación son las respuestas del Estado a la demanda de justicia».
Dávila replicó que existe un exceso de politización en este asunto y ratificó que en la acción policial hubo una ruptura del mando y que algunos «sectores antidemocráticos» de la Policía asumieron la iniciativa de intervenir la marcha.
Afirmó que Llorenti fue investigado, pero la Fiscalía concluyó que el exministro no tuvo responsabilidad directa en esa acción.
El vicepresidente Álvaro García Linera, que preside interinamente el país por el viaje del mandatario Evo Morales a Nueva York, dijo a los medios que la demora en la investigación sobre la represión a la marcha indígena «es un nuevo ejemplo de que la administración de justicia no está bien».
