Las investigaciones del caso Chaparina enfrentaron ayer al presidente Evo Morales y al defensor del Pueblo, Rolando Villena. El Jefe del Estado dijo que fue un error elegir a Villena y que éste es un instrumento de la derecha, Villena respondió que cumple su mandato constitucional.
El enfrentamiento verbal entre ambas autoridades se dio un día después de que el Defensor solicitó a la Cancillería que suspenda al embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, para que explique su participación y conocimiento de la represión a indígenas en Chaparina, que ocurrió cuando él era ministro de Gobierno.
El citado caso busca determinar responsabilidades en cuanto a quién ordenó la intervención policial a la VIII Marcha Indígena, el 25 de septiembre de 2011, en Chaparina (Beni). Con la movilización, que partió de Trinidad con rumbo a La Paz, los originarios se oponían a la apertura de una vía por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
A raíz de este proceso judicial, el excomandante de la Policía Óscar Muñoz Colodro guarda detención domiciliaria desde noviembre de 2011, mientras que el exviceministro de Régimen Interior Marcos Farfán se halla imputado. En agosto de 2012, la Fiscalía excluyó del proceso a Llorenti.
Culpable. Morales, que participó de la 68 Asamblea General de la ONU, en Nueva York (EEUU), concedió ayer una entrevista a la cadena informativa CNN. Allí fue consultado sobre el pedido de Villena respecto a Llorenti y en su respuesta afirmó: “Debo reconocer que es un error que he cometido. Había sugerido a los movimientos sociales que Rolando Villena sea Defensor del Pueblo… Yo soy el culpable para que sea Defensor, lamento mucho, pero lo digo de manera sincera”.
Villena fue elegido Defensor del Pueblo por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa el 30 de abril de 2010. En la evaluación meritocrática de los postulantes a ese cargo, realizado por la Comisión Mixta de Constitución, ocupó el tercer lugar, con 52 puntos, detrás de Waldo Albarracín (73,5) y de Roberto Quiroz, (65,5).
El primer Mandatario, al referirse a Villena, agregó: “Este señor, es el mejor instrumento de la derecha en este momento”. También sostuvo que la movilización indígena de 2011 era financiada por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. “Revisen los contactos telefónicos de algunos dirigentes indígenas, lamentablemente la dirigencia social y comunal convirtió la marcha en un negocio”, aseguró.
Tras difundirse esta entrevista antes del mediodía de ayer, Villena respondió en la tarde con un documento titulado “Mi palabra como Defensor del Pueblo”. En el escrito afirmó que ejerce su cargo tras una postulación y decisión de la Asamblea Legislativa, bajo sus mecanismos y reglamentos. Aseguró que no presionó ni hizo gestión por ningún beneficio.
“Al señalar el presidente del Estado, Evo Morales Ayma, que apoyó mi candidatura como Defensor del Pueblo ante las organizaciones sociales, sólo me queda agradecerle. Sin embargo entiendo que aquella decisión no estuvo nunca condicionada, ni pretendía que yo me sometiera a otra autoridad que no fuera la Constitución y las leyes”, manifestó Villena.
“Por el mandato constitucional y por mis principios, no he recibido ni recibiré instrucciones ni me someteré a ningún Órgano del Estado, y menos lo haré con un partido político, agrupación, organización, grupo o interés privado o corporativo, extremos que hacen a la razón de ser y legitimidad de mi mandato”, añadió el Defensor.
En el documento, líneas más abajo, Villena ratifica el pedido de suspensión de Llorenti, para que la represión no quede impune. Indicó que la distorsión de la Justicia es tan grave como su negación, por lo que recuerda la “obligación constitucional y conciencial” de no callar ante la vulneración de derechos humanos.
Posiciones divididas de políticos
Marcha
La presidenta del Senado, Gabriela Montaño (MAS), instó al Defensor del Pueblo a emitir criterios jurídicos y técnicos, no políticos.
Repudio
El Movimiento Sin Miedo indicó que la acusación del Presidente al Defensor es una afrenta a la institucionalidad democrática.
Hubo decisión gubernamental, dice Muñoz
El general Óscar Muñoz Colodro, exsubcomandante de la Policía, con detención preventiva desde 2011 por el caso Chaparina, afirmó ayer que la evacuación de los protagonistas de la VIII Marcha Indígena, en septiembre de 2011, obedeció a una decisión de tipo gubernamental.
“Quiero recalcar que nunca hubo silencio. En realidad lo que pasó es que nunca quisieron ver lo que dije en mi primer informe, que esto no era una decisión de la Policía, era una decisión desde el Ministerio de Gobierno y lo digo en mi primer informe, fue una decisión de carácter gubernamental”, declaró ayer la exautoridad policial a la red Erbol.
Actualmente, dentro del proceso judicial del caso Chaparina, Muñoz es la única persona privada de libertad en el caso, desde noviembre de 2001. Marcos Farfán, exviceministro de Régimen Interior, está imputado y Sacha Llorenti, exministro de Gobierno, fue excluido de la investigación por decisión de la Fiscalía.
“Lo (que dije) no visibilizaron, o sea me acallaron, no quisieron ver lo que dije en mi primer informe. Lo que dije está en el cuaderno de investigaciones, sólo que los que están investigando no lo quieren ver, no lo quieren analizar, no lo quieren estudiar”, manifestó el exjefe policial.
