El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) remitirá los tres exhortos suplicatorios a la Cancillería para iniciar el segundo trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y dos de sus excolaboradores, luego de que la Sala Plena de esa corte dio luz verde al pedido de la Fiscalía.
El presidente del TSJ, Gonzalo Hurtado, informó que la máxima instancia de la justicia boliviana decidió dar curso, por unanimidad, a la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y de los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, con base en el pedido del Ministerio Público.
De acuerdo con los tratos y convenios internacionales, a partir de la aprobación en Sala Plena, el exhorto llega a manos de la Cancillería del Estado Plurinacional para que después esta instancia, a nombre del Gobierno de Bolivia, remita la documentación al Departamento de Estado de los Estados Unidos y éste a su vez envíe el caso a los respectivos estados donde se encuentren los denunciados.
Curso. “Lo que ahora corresponde es que esta resolución emitida por el Tribunal Supremo de Justicia sea puesta a conocimiento del Fiscal General del Estado y también del Ministerio de Relaciones Exteriores, y sea a través de esta última instancia nacional que se contacte con la Secretaría de Estado de EEUU para que sigan los trámites de rigor con base en los tratos internacionales”, expresó Hurtado.
Sánchez de Lozada y sus excolaboradores son acusados de cometer siete delitos, de los que la pena máxima es de 20 años de prisión, dentro del caso Octubre, por la muerte de al menos 73 personas a causa de la denominada Guerra del Gas, desatada en octubre de 2003 en La Paz y El Alto.
La decisión del TSJ fue adoptada un día después de que el fiscal general, Ramiro Guerrero, denunció que la Embajada de Estados Unidos no le entregó a tiempo su visa para viajar a Washington. Horas después de su queja, el jefe del Ministerio Público recibió la confirmación de la emisión de su visa y salió del país para contratar traductores y abogados estadounidenses que lleven el proceso en ese país.
Anoche, a través de una nota, Mauricio Balcázar, yerno de Sánchez de Lozada, hizo tres observaciones a la acción del Fiscal General. Primero, se preguntó por qué Guerrero dice que va a contratar abogados si el Gobierno de Bolivia es cliente del estudio de abogados “que atiende los intereses de Cuba en Estados Unidos”.
Segundo, indicó que Washington no da curso a juicios a expresidentes “por hechos que resultaren de la acción de militares y policías en el control de disturbios o desbloqueos”. Y, tercero, aseguró que Sánchez de Lozada no está en la lista Roja de la Interpol.
La Fiscalía planteó la extradición de las tres exautoridades por los delitos de genocidio, homicidio, vejaciones y torturas; lesiones gravísimas, graves y leves; privación de libertad y allanamiento de domicilio. Esas figuras penales fueron ratificadas en el exhorto aprobado por el Tribunal Supremo, según confirmó Hurtado.
Este es el segundo exhorto que aprueba la justicia boliviana para la extradición de Sánchez de Lozada. En el primer trámite, el Gobierno de EEUU rechazó el pedido boliviano debido a la incompatibilidad existente entre la normativa de ese país y el boliviano respecto a los delitos citados.
Esas observaciones fueron tomadas en cuenta en el segundo pedido de extradición, según advirtió Guerrero. Detalló que en esta solicitud se reforzó la parte explicativa de los hechos y también se adjuntaron pruebas documentales, fotografías, testimonios y declaraciones, y se sacó los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y acciones contra la libertad de prensa que fueron cuestionados.
Hallan dos trabas para el pedido
Posición
El decano del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, consideró que la doble nacionalidad y la edad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada serán los principales obstáculos del Ministerio Público para lograr su extradición desde EEUU, reportó ABI.
Revuelta popular y la condena a 5 exjefes militares
En octubre de 2003 se dio la denominada Guerra del Gas que provocó la muerte de al menos 73 personas en El Alto y La Paz, y dejó heridas a otras 400. La revuelta popular que se oponía a la exportación de gas por Chile desembocó en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Para dar fin a la crisis, Sánchez de Lozada renunció a la Presidencia y huyó a EEUU, país en el que ahora radica, al igual que sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. Todo empezó en septiembre de 2003, cuando diferentes sectores sociales campesinos y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto realizaron protestas en contra del Gobierno por la intención de venta de gas.
Sánchez de Lozada tuvo que acudir a las Fuerzas Armadas para que activen diferentes mecanismos con el fin de reprimir las marchas. Luego se registraron los primeros enfrentamientos en Sorata, localidad bloqueada, donde cayeron las primeras víctimas. Después, los uniformados se enfrentaron en Warisata donde murieron cuatro personas. Estos hechos hicieron que las organizaciones sociales, aparentemente dispersas, se rearticulen en rechazo a estas acciones y luego se movilicen.
El 9 de octubre cayó otro grupo de mineros de Huanuni en Ventilla, en manos de militares. Las demandas pasaron de ser sociales a exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. La revuelta concluyó el 17 de octubre, con la renuncia del presidente.
Luego se instauró el juicio del caso Octubre que concluyó en 2011 con una condena de entre 10 y 15 años de prisión en contra de cinco exjefes militares de 2003, pero no así del presidente de ese entonces Sánchez de Lozada y los exministros, quienes en su mayoría están en el exterior.
