La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó arraigo y anotación preventiva de los bienes contra el senador y exgeneral de Ejército, Marcelo Antezana, y otros siete acusados por la entrega a Estados Unidos de 37 misiles chinos para su desactivación en 2005.
A más de 40 días de la imputación formal, la presidenta de la Sala Penal Segunda del TSJ, Maritza Suntura, fue la encargada de dar lectura a una extensa resolución que establece que los acusados deben presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, mientras que para Ernesto Caballero, exayudante del Departamento IV del Ejército, fijó una comparecencia de una vez al mes.
Marco Antonio Justiniano Escalanate, excomandante en Jefe de las FFAA; Antezana, excomandante del Ejército; Marco Vásquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército y los coroneles David Torricos Vargas y Ciro Valdivia Murguía están prohibidos de salir de Bolivia. La decisión también alcanza al exviceministro de Defensa de entonces Gonzalo Rocabado, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel por los hechos de violencia de octubre de 2003.
La Fiscalía presentó cargos contra el exministro Gonzalo Méndez y siete exjefes militares por los delitos de sometimiento de la nación a dominio extranjero por haber entregado los 37 misiles portátiles a Estados Unidos para que fueran desmantelados y devueltos como chatarra.
El 7 de agosto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ante el TSJ la imputación formal contra las exautoridades por la desactivación de los misiles, ocurrido durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé (2005), a quien una comisión del Senado exculpó y hoy cumple labores como embajador de Bolivia en Holanda, además de Agente en la demanda contra Chile por una salida soberana al Pacífico ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El exministro Méndez, Justiniano, Rocabado y Antezana son imputados por el delito de sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero; mientras que Vásquez, Torricos, Cuéllar, Sánchez y Valdivia son sindicados por los delitos de revelación de secretos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), esta última también inculpa al exayudante Caballero.
La Justicia declaró al exministro Méndez en rebeldía por no conocerse su paradero. El exviceministro Rocabado fue comunicado para las audiencias sobre el caso misiles en el penal San Roque de la ciudad de Sucre, donde debe cumplir una condena de diez años por los hechos de octubre 2013.
La Sala Penal Segunda también dispuso las medidas cautelares reales ordenando la anotación preventiva de los bienes de los imputados y rechazó el congelamiento de las cuentas bancarias de los acusados, como pidió el Ministerio Público.
En cuanto a Méndez y Justiniano, el Tribunal aclaró que pesa sobre ellos una declaratoria de rebeldía, por lo que automáticamente se activó en su momento la anotación preventiva de sus bienes.
En los alegatos presentados por la defensa del excomandante en Jefe de las FFAA, se apuntó al expresidente Rodríguez Veltzé como el responsable de la desactivación de los misiles. Los abogados de Cuéllar justificaron que el ‘material bélico’ no fue clasificado y que su desactivación y salida del país ameritaba la aprobación de un Decreto Supremo.
Se calcula que el gasto por resarcimiento al Estado llegaría a los $us 296.000 que deberían pagar los imputados con sus bienes.
