Al concluir la audiencia cautelar del caso Misiles, la Sala Penal 2ª del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arraigo y la anotación preventiva de bienes de seis de los diez imputados en el proceso y rechazó el arresto domiciliario pedido por la Fiscalía.
Los magistrados Maritza Suntura y Pastor Mamani, por más de dos horas, dieron lectura a su decisión final en la audiencia que empezó hace 40 días. En 2005 fueron entregados 37 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a la Embajada de Estados Unidos, para que sean transportados a su país con el objetivo de desactivarlos.
Esta acción fue calificada como una alta traición a la patria, por lo que se inició un proceso en contra del mando militar de entonces y autoridades del Ministerio de Defensa.
Además del arraigo y la anotación de bienes, la corte ordenó que el excomandante del Ejército y actual senador Marcelo Antezana (CN), el exjefe de Estado Mayor Marco Vázquez Ortiz, el exinspector del Ejército Víctor Hugo Cuéllar; además de los coroneles David Torricos Vargas, Ciro Valdivia Murguía y Wílbert Sánchez Sánchez presenten dos garantes y se apersonen cada 15 días ante la Fiscalía de Distrito de su departamento.
En el caso del capitán Ernesto Caballero, ayudante del Departamento IV del Ejército, sólo deberá presentarse cada 30 días ante el Ministerio Público del lugar donde vive.
Bienes. Sobre el exministro de Defensa Gonzalo Méndez y el almirante Marco Antonio Justiniano, ambos declarados rebeldes, y el general Gonzalo Rocabado, quien cumple una condena en el penal de Sucre por el caso Octubre, se dispuso la anotación preventiva de sus bienes.
Después de la lectura de la resolución, los abogados de la defensa expresaron su rechazo a la decisión judicial y pidieron complementación y enmienda. El abogado Germán Quiroz lamentó que los magistrados hayan valorado las pruebas del Ministerio Público sin que ellos hayan tenido derecho a la defensa.
Al referirse a la resolución, el senador Antezana dijo no estar contento con la misma, pero que cumplirá con la ley. “Esto también confirma que se ha cumplido la orden del presidente Evo Morales de buscar controlarme políticamente, es un mecanismo de extorsión, en esa macroestructura que montó el Gobierno a partir de la Fiscalía General”, manifestó.
