El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, anunció que el Gobierno apelará la resolución del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó el arraigo de seis imputados por la entrega de 37 misiles chinos a EEUU; pedirá la detención preventiva de los acusados.
“Vamos a apelar (la resolución del TSJ) no estamos de acuerdo con esta primera resolución, hay un procedimiento de impugnación y el Ministerio Público tiene la obligación también de impugnar esa decisión, hasta que se consiga la detención preventiva para los involucrados”, sostuvo Saavedra en una rueda de prensa.
Remarcó que los involucrados deberían estar detenidos preventivamente por la actuación irresponsable que tuvieron, ya que dejaron al país, según dijo, en un estado de indefensión.
El lunes, la Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó arraigo y anotación preventiva de los bienes en contra de seis de diez imputados en el caso Misiles, entre ellos el senador (CN) y general retirado del Ejército, Marcelo Antezana. Los acusados entregaron los explosivos en 2005.
Los procesados: Marco Antonio Justiniano, excomandante en Jefe de las FFAA; Marcelo Antezana, exjefe del Ejército; Marco Vásquez Ortiz, exjefe de Estado Mayor; Víctor Hugo Cuéllar, exinspector general del Ejército; y los coroneles David Torricos Vargas y Ciro Valdivia Murguía están prohibidos de salir de Bolivia. La decisión alcanza al exviceministro de Defensa de entonces Gonzalo Rocabado, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel por el caso Octubre.
“Afectó gravemente a lo que es la seguridad y defensa de Bolivia. Hemos pedido que se pueda proceder con la detención preventiva. De todas maneras, son medidas cautelares que deben cumplir los involucrados, nosotros vamos a continuar impulsando este proceso como víctimas, hasta que se sancioné y se aplique la ley de manera más drástica”, manifestó el Ministro de Defensa.
El 7 de agosto, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en contra de las exautoridades por la desactivación de los misiles, que se dio durante la presidencia de Eduardo Rodríguez Veltzé, a quien una comisión del Senado exculpó y hoy cumple labores como embajador de Bolivia en Holanda y Agente en la demanda marítima contra Chile.
