El senador opositor Roger Pinto, quien tras huir de su país espera que se decida su situación en Brasil, se reunió hoy con legisladores brasileños con los que discutió a puerta cerrada asuntos vinculados al tráfico de drogas, informó el propio congresista.
Pinto explicó a Efe que durante la reunión pidió «apoyo» de los parlamentarios brasileños y conversó sobre las mafias de las drogas que operan en Bolivia, donde ha acusado a miembros del Gobierno de Evo Morales de estar relacionados con esos grupos.
El senador boliviano, quien estaba acompañado por su abogado, Fernando Tiburcio, se rehusó a ofrecer más detalles sobre lo tratado y ninguno de los parlamentarios brasileños que participó en la reunión dio declaraciones a los periodistas.
El encuentro, al que asistieron legisladores que profesan la misma religión evangelista que Pinto, fue en el despacho del senador Sérgio de Oliveira, conocido como «Petecão» y representante del estado brasileño de Acre, fronterizo con Bolivia.
Pinto, quien se dice «perseguido» por el Gobierno boliviano, estuvo más de un año acogido en la embajada de Brasil en La Paz y logró abandonar su país el pasado 23 de agosto con ayuda diplomática y sin el necesario salvoconducto.
Al ingresar a Brasil, presentó un pedido de refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un organismo que depende del Ministerio de Justicia y que aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud.
La salida de Pinto, que Bolivia consideró una «fuga», generó un conflicto diplomático entre ambos países, superado cuando Morales se reunió con la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, en el marco de la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) celebrada en Surinam el pasado 30 de agosto.
La complicidad diplomática en esa «fuga» también llevó a la renuncia del entonces canciller brasileño Antonio Patriota, quien fue sustituido el pasado 28 de agosto por Luiz Alberto Figueiredo.
Pinto responde ante la justicia boliviana en cinco juicios por supuesta corrupción y en uno de ellos ya ha sido condenado a un año de prisión, razones en las que se escudaba el Gobierno para negarle el salvoconducto.
El mes pasado tres ministros del Gobierno boliviano hicieron una visita a Brasilia y entregaron, tanto al Ministerio de Justicia como a la Conare, voluminosos documentos sobre los procesos en los que el senador responde ante la justicia de su país.
