El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció que un grupo de cocaleros armados impide la erradicación de sus cultivos en Apolo. Anunció el envío de 100 efectivos para reforzar el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que consiste en destruir coca excedentaria.
En respuesta, Gregorio Cari, dirigente de cocaleros de Apolo, afirmó que son cerca de 700 productores de 26 comunidades de Apolo los que realizan una vigilia e impiden la erradicación de sus cultivos en esa zona del norte paceño.
Cáceres aseguró que los efectivos de la FTC son amenazados por 120 personas de comunidades del municipio de Apolo, zonas consideradas ilegales y que no pertenecen a la federación de productores de la hoja de coca de Apolo. En este interés, dirigentes aprobaron un voto resolutivo de tres puntos en el que advierten acciones radicales si no se va la FTC, acotó.
Armas. “Hacemos conocer al Gobierno y a la Fuerza de Tarea Conjunta que las comunidades cocaleras se encuentran totalmente armadas”, se advierte en un punto de la resolución leída por Cáceres, quien acotó que esta posición es una amenaza grave a la integridad física de la FTC, compuesta por militares y policías.
En los otros puntos se señala que los uniformados deben abandonar de forma inmediata el lugar, además que establecerán trancas en diferentes lugares de la carretera para evitar el ingreso de los efectivos de la FTC.
Ante esa denuncia, Cari afirmó a La Razón que no existen personas armadas en el lugar, pero admitió que sus compañeros están en vigilia permanente con el objetivo de evitar la erradicación de la coca plantada en las comunidades de esa zona.
“Día y noche están en vigilia en los puentes y otros lugares porque no permitirán la erradicación, no tenemos armas aunque sí palos, ondas y colmenas de abejas. Nosotros no desviamos nuestra coca al narcotráfico hacemos control social”, arguyó Cari.
Las comunidades movilizadas en esa zona son 26, entre ellas Copacabana, Miraflores, Concepción, Santa Bárbara y Santa Catalina, que están dentro del área delimitada como área de producción legal, según sostuvo el dirigente cocalero.
No obstante, Cáceres advirtió que la coca ilegal plantada en esas comunidades estaría protegida de forma sospechosa por mototaxistas y comerciantes, hecho que confirmaría que la hoja sería desviada a la actividad ilegal de narcotráfico.
Cáceres dijo que pidió al Ministerio de Gobierno y al Comando de la Policía Boliviana reforzar con 100 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) la seguridad de los miembros de la FTC. Agregó que pidió intervenir al Ministerio Público.
“La Fuerza de Tarea Conjunta envió un fax el 8 de octubre en el que denunció que encapuchados detuvieron a una ambulancia del hospital de Apolo, la cual fue confundida con un carro de erradicadores. Éstos encañonaron a los integrantes del vehículo con escopetas y fusiles Máuser y luego de revisar el coche verificaron que no pertenecía a la unidad y los dejaron”, dijo Cáceres.
Juicio a dirigentes
Querella
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que presentará una querella en contra de Gregorio Cari, Mendo Guzmán, Hernán Salas y Mery Abiñe, dirigentes cocaleros que evitan la erradicación.
