El Gobierno brindará apoyo técnico y jurídico a Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la masacre de 2003, para hacer efectiva la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó hace diez años tras la revuelta social que dejó 71 muertos y alrededor de 400 heridos.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, aseveró que será importante coordinar acciones con el jurista, quien será convocado en los próximos días al Palacio de Gobierno para definir los detalles del trabajo a realizar.
Por su parte, Mayta dijo que lo más importante ahora es mejorar la coordinación con la Fiscalía General para resolver a la brevedad posible el trámite y que el Gobierno inicie una campaña internacional para hacer conocer el caso y obtener apoyo al país.
En septiembre de 2012, EEUU negó el pedido de extradición que hizo el abogado tras el inicio del juicio de responsabilidades, en 2004. Ahora se prepara un segundo exhorto para gestionar otra solicitud; se espera que este trámite concluya a fin de año.
Informe. “La extradición es un tema que va a contar con el apoyo decidido del Gobierno, que lleva a cabo el abogado Rogelio Mayta (…). Desde la Cancillería se está impulsando la necesidad de firmar un tratado de extradición diferente al que existe en este momento, pero el proceso tiene que continuar”, manifestó Dávila.
Agregó que el Gobierno analizará desde el punto de vista técnico-legal la manera de contribuir a fortalecer la demanda. “Para eso están los ministros del gabinete jurídico, que tienen que dar un apoyo en asesoramiento técnico, aunque el tema está bien conducido por el abogado Mayta”, dijo.
En respuesta, el jurista señaló que el instrumento técnico que definirá la extradición será el exhorto suplicatorio, que debe estar bien elaborado. “Se precisa, ahora, un mayor nivel de coordinación con la Fiscalía General, porque esa coordinación se ha roto cuando los entonces fiscales Mirna Arancibia y Milton Mendoza dejaron el cargo, ahí hay algo de debilidad”.
Mayta acotó que, aparte de lo jurídico, el Gobierno debería desplegar una campaña diplomática internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Organización de Estados Americanos (OEA) para poner en agenda la extradición y juzgamiento de los responsables.
El jueves, el presidente Evo Morales, en El Alto, promulgó la ley del Día de la Dignidad Nacional en honor a los caídos en 2003. En la oportunidad, afirmó que la Agenda de Octubre fue cumplida, al nacionalizarse e industrializarse los hidrocarburos, efectuarse la Asamblea Constituyente, y buscarse la extradición de Goni.
El Gobierno, sin embargo, reconoció que hay temas que avanzan lento y en esa misma jornada el presidente Morales llamó a reunión de gabinete extraordinario para analizar el caso. En la oportunidad, Morales “reflexionó” a los ministros y pidió celeridad en los proyectos comprometidos. Reconoció que aún hay pendientes en la extradición y la industrialización.
“Ciertamente en seis años no hemos podido concluir con el proceso de industrialización (…) recién estamos cumpliendo desde el año pasado. Hemos ido un poco lento, no como quisiéramos; eso es lo que el presidente Morales ha reflexionado ayer”, manifestó la titular de Comunicación.
Los tres motivos del rechazo
Extradición
Para el Gobierno hubo tres motivos para el fracaso del primer pedido de extradición: negativa del Gobierno de EEUU; figuras delictivas que no están consideradas en ese país; y el hecho de que Goni es ciudadano norteamericano.
Movilización logró unir a oriente y occidente
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que el presidente Evo Morales tuvo la ‘lucidez histórica’ de convertir la masacre de Octubre en una movilización nacional, que logró articular el oriente y el occidente del país.
La postura fue manifestada en alusión a declaraciones del líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien dijo el jueves que “Morales en esa época estaba de vacaciones”.
“El tema es que Evo Morales tuvo la lucidez histórica de convertir esta movilización en una movilización nacional, articuladora del oriente y el occidente, y bueno, la documentación y los registros históricos están ahí”, aseguró en una entrevista en radio Panamericana, según refleja ABI.
Romero explicó que el entonces diputado Morales creó, organizó y conformó el Comité de Defensa del Gas, que unió a organizaciones sociales para defender los recursos hidrocarburíferos.
“El comité que crea el presidente Morales, a partir de la Federación del Trópico el 16 de septiembre, es el que plantea que no era suficiente que el gas no se venda por Chile. Convocó a una movilización para el 19 de septiembre y propuso convertir las movilizaciones de El Alto y Sorata en una movilización nacional”, sostuvo.
Ven actitud ‘racista’ en Del Granado
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que hay actitudes “racistas y discriminatorias” en las declaraciones del líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, quien calificó al presidente Evo Morales de “inquilino” del Palacio de Gobierno.
“Declaraciones como éstas ponen al desnudo la mentalidad racista de una cierta izquierda, que en el fondo lo único que hace es ignorar la presencia de los indígenas como protagonistas de su propio destino”, dijo Dávila. Añadió que el líder emesemista violó la Ley 045 contra el racismo.
El jueves, en el acto de homenaje a los caídos en 2003 y la promulgación del Día de la Dignidad Nacional, Morales criticó que en la crisis de octubre de 2003, Del Granado “no dijo nada” durante la revuelta; similar cuestionamiento fue lanzado al gobernador Rubén Costas y al líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina.
En respuesta, el líder opositor señaló que él organizó la caída de Goni, y que no estaba “de vacaciones” como sería el caso de Morales, a quien calificó de “inquilino” de Palacio. Al respecto, el senador Eugenio Rojas instó a que Del Granado “se prepare a recoger su renta Dignidad, porque no está preparado para gobernar”.
Para el diputado de Convergencia Nacional (CN) Tomás Monasterios, las críticas del oficialismo sólo buscan justificar el fracaso en el cumplimiento de la Agenda de Octubre. En esa línea, Jaime Navarro (UN) dijo que “los proyectos del Gobierno están estigmatizados por la poca transparencia y por los sobreprecios”.
