El Gobierno denunció hoy que el narcotráfico estuvo detrás de la balacera que el fin de semana provocó la muerte de dos uniformados en la comunidad Miraflores de la localidad de Apolo. Los cocaleros rechazaron esta acusación y afirmaron que ese desenlace fatal fue producto de una intervención violenta de las fuerzas de erradicación que trabajan en la zona.
“Aquí la situación está muy clara: fue una emboscada. Se han organizaron con armas de fuego personas vinculadas al narcotráfico que tienen intereses que defender vinculados al narcotráfico y han actuado de manera cruel y sádica contra los hermanos de la Policía y del Ejército”, afirmó desde la zona de conflicto el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
“Nos han dicho que somos parte de los narcotraficantes peruanos, eso es totalmente falso. Nosotros nos hemos defendido con armas caseras. Hace dos días (las fuerzas de erradicación) entraron con total brutalidad, han gasificado casas, han destruido viviendas, han sacado a mujeres, las han detenido, y las han maltratado”, replicó el dirigente campesino Hernán Salas.
El primero hizo declaraciones a cadena A y el segundo a radio Fides, dos días después de que se produjeran las fricciones en las que murieron el subteniente de Ejército Óscar Gironda Tórrez y el policía Jhonny Quispe Chura, y donde además resultaran heridas 20 personas.
Según el viceministro Pérez, la actuación solapada del narcotráfico se explica por la forma en la que actuaron los cocaleros y por indicios que llevan a pensar que un grupo de ciudadanos peruanos introdujeron armamento al país para enfrentar a las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) que realizan labores de erradicación de coca ilegal en Apolo.
Explicó que, por testimonios de las personas que fueron rescatadas después de haber permanecido como rehenes de los cocaleros, se estableció que éstos se habían organizado en tres cordones de seguridad antes de atacar a los uniformados y que tras haber capturado a algunos de ellos los desvistieron, los pusieron de rodillas y con las manos en la nuca para luego organizarlos en grupos de acuerdo con sus grados.
Además, dijo que hicieron un trabajo de seguimiento del avance de la FTC utilizando banderas de señalización. Dijo que todos estos detalles, además de haber capturado a un ciudadano peruano que días antes viajó hasta la población fronteriza de de San Fermín, donde conjuntamente un grupo de personas “habrían conseguido armamento y aparentemente habrían llegado algunos peruanos (hasta Apolo)”.
Pérez dijo que el tema aún está en investigación y dijo que lo que más preocupa al Gobierno en este momento es que hay cuatro desaparecidos (dos policías, un militar de la Fuerza Naval y un médico que apoyaba el trabajo de la FTC) quienes estarían en calidad de rehenes. La autoridad dijo que los cocaleros tienen un plazo hasta el medio día de hoy para devolver a estas personas y lanzó una advertencia: “Si no nos entregan a nuestros hermanos desaparecidos, vamos a tener que entrar a hacer trabajo de rastrillaje para tratar de ubicar y ver donde se encuentran estos hermanos”.
El dirigente Salas rechazó las acusaciones gubernamentales y aseguró que los cocaleros actuaron en defensa propia frente la violencia con que actuaron las fuerzas de erradicación. No obstante, dijo que se encuentran abiertos a iniciar el diálogo, siempre que antes las autoridades liberen a una decena de dirigentes que se encuentran detenidos.
“Primero estos hermanos deben ser liberados y posteriormente nos podemos sentar a dialogar”, dijo el dirigente, tras haber informado que fueron convocados a una reunión a las 10.00 en la que participaría el viceministro Cáceres.
Explicó que los productores de hoja de coca demandan que se suspendan las tareas de erradicación de las plantaciones tradicionales definidas en la Ley 1008 y rechazan el control biométrico de sus plantaciones entretanto no se apruebe la Ley de la Coca.
“Que se pacte un documento de entendimiento para cesar la erradicación en Apolo, nosotros no vamos a parar”, afirmó.
