El Gobierno de Bolivia elaboró un proyecto de ley para proteger de represalias a testigos y denunciantes del crimen organizado, narcotráfico y corrupción y delitos de violencia machista, según un documento oficial al que tuvo acceso EFE.
Esta ley, una de las 12 nuevas normas que prepara el Ejecutivo boliviano para su próxima remisión al Parlamento, plantea la aplicación de medidas de protección a las personas que revelen información o intervengan como testigos, peritos o asesores técnicos en investigaciones judiciales o administrativas.
Las medidas de protección también beneficiarán al entorno familiar de quienes presenten las denuncias y se aplicarán durante un máximo de tres años, aunque podrán ser prorrogadas por el mismo periodo si el peligro de las represalias subsiste.
Esas medidas incluyen la preservación de la identidad, la confidencialidad de los datos personales, de derechos laborales, custodia policial en el domicilio de la persona y uso de sistemas tecnológicos que impiden que su identidad sea conocida. También prevé métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz, alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, atención psicológica y cualquier otra medida que se pueda adoptar para preservar la seguridad del informante o testigo, según la propuesta.
