El 50% de las normas que ahora están vigentes en Bolivia fueron elaboradas por las gobernaciones. Cochabamba lleva la delantera con la aprobación de 370 leyes y al contrario, la producción legislativa en las alcaldías es “casi nula” debido al desconocimiento de la Ley de Autonomías.
El director del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Daniel Viscarra, explicó que este fenómeno se registró durante un análisis realizado desde 2010. Asimismo, aclaró que los gobiernos departamentales y las municipalidades no requieren estatutos ni cartas autonómicas, respectivamente, para legislar plenamente.
“El departamento, ahora, es el mayor legislador en el Estado. De todas las leyes que emite la nación, más del 50% son dadas por los departamentos; hay nueve gobernaciones que ya han superado la legislación del nivel central. Los municipios todavía están rezagados, son 339 que en un futuro deberán ser el mayor legislador”, dijo.
Viscarra recordó que el nuevo régimen entró en vigencia hace tres años cuando se eligió a las autoridades subnacionales sobre la base de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010) y la propia Constitución de 2009. “A la fecha, son alrededor de 700 leyes que se aprobaron en los nueve departamentos, no obstante la Gobernación más activa es Cochabamba, donde se validaron 370; le sigue Santa Cruz, La Paz y el resto de las regiones”, informó a La Razón, pero sin entrar en mayores precisiones. Viscarra explicó que para el próximo mes el SEA publicará un informe detallado del trabajo legislativo que hace cada uno de los gobiernos autónomos departamentales y municipales del país. Precisó que este trabajo aún se afina para que sea divulgado en todo el país.
Norma. La Carta Magna establece un nivel central de gobierno y otros cuatro subnacionales autonómicos: departamental, municipal, indígenas y regional. Los tres primeros gobiernos tienen la capacidad y potestad de legislar sus propias normativas.
El titular del SEA señaló que los gobiernos autónomos emiten leyes declarativas y sustantivas. “Se está haciendo una legislación equilibrada, ante posibles críticas de que solamente se trabajan normas declarativas”.
El funcionario insistió en que no son necesarios ni estatutos ni las cartas orgánicas para legislar y reglamentar, en virtud de que esos documentos sirven para organizar y dar una estructura coherente de gobierno regional. “Esto beneficia sobre todo al ciudadano en el entendido de que hay normas que tratan de implementar una gestión pública conforme a la realidad de cada entidad regional”, agregó.
En cuanto a los municipios, afirmó que aún persiste la práctica de emitir sólo ordenanzas municipales y eso detiene la labor legislativa. “El SEA, el Ministerio de Autonomías, la FAM y el Padem hemos elaborado guías de técnica legislativa para resolver el tema”.
“Es difícil querer innovar, uno tiene miedo o desconocimiento de la ley, o pueden ser los dos factores, pero los municipios deben atreverse y muñirse de información para legislar más”. En tanto, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía paceña, Pedro Susz, reconoció que no hubo un proceso de adaptación rápido al nuevo marco competencial y tampoco una reglamentación interna para legislar.
“Lo que prevalece aún es una confusión, para mucha gente una ordenanza equivale a una ley, cuando los alcances son diferentes. Ese retraso está paralizando la competencia legislativa”, puntualizó el funcionario edil, ayer durante un encuentro municipalista.
Sobre el ejercicio autonómico
Evento
El director del SEA, Daniel Viscarra, participó ayer de un coloquio, junto a expertos en trabajo edil, para analizar el estado del municipalismo en Bolivia y los desafíos para el ejercicio pleno de la autonomía.
Pando
Hasta la fecha, sólo Pando tiene su estatuto autonómico aprobado y adecuado a la Constitución Política. Además, 11 municipios se convirtieron en autonomías indígenas desde 2010.
La gente debe ‘empoderarse’ del ejercicio de la autonomía
Para el experto en descentralización y autonomías Carlos Hugo Molina, lo que se precisa es que la población se “empodere” de las leyes regionales y el ejercicio pleno de las autonomías.
El especialista comparó el proceso de aplicación de la Ley de Participación Popular (1994) con la normativa actual. “La gente se apropió y en menos de seis meses estaba en vigor las transferencias de recursos”, las competencias regionales y los comités de vigilancia. “(Ahora) no se han desarrollado a plenitud las competencias locales y departamentales para dar inicio al proceso de aprobación de leyes. Mientras no se emitan normas en el marco competencial de gobernaciones y municipios, estaremos siendo gobernados —desde el punto de vista de la gestión— desde el Ministerio de Hacienda”, señaló. Molina dijo que a los entes deliberantes les falta asumir sus facultades legislativas legales.
