Las cámaras de Senadores y de Diputados firmaron el jueves un convenio interinstitucional de alianza estratégica con el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia para contribuir a la implementación de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.
El convenio se rubricó en el acto que conmemoró el 68º aniversario de la fundación de la ONU, en el que participaron las presidentas de las cámaras de Senadores y Diputados, Gabriela Montaño y Betty Tejada, respectivamente, y Katherine Grigsby, Coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia.
‘Se debe trabajar en una cultura de denuncia y romper las barreras culturales para que las mujeres que son agredidas conozcan dónde, cómo y por qué deben sentar una denuncia en caso de ser víctimas de violencia’, dijo Tejada al explicar que ese acto se enmarca en la campaña titulada ‘El valiente no es violento’.
Por su parte, Montaño sostuvo que la continuidad en los hechos sangrientos en contra de niñas y mujeres, luego de la promulgación de la Ley 348, ‘demuestran que se debe identificar falencias importantes en la puesta en práctica de las denuncias, seguimiento y procesamiento de los presuntos culpables’.
Por su parte, la representante de Naciones Unidas destacó el hecho de que Bolivia sea un país pionero en la legislación de la violencia de género, hecho que -dijo- en el mediano y largo plazo contribuirá a bajar dramáticamente los altos índices de violación de los derechos de las mujeres.
‘Es muy importante contar con una Ley como la 348’, dijo Grigsby al señalar que ‘la promulgación de la ley es sólo el primer paso: para que tenga efecto contundente todavía es necesario dotarla de presupuesto, empoderamiento de las entidades policiales correspondientes y, lo más importante, crear una conciencia pública que convierta la violencia de género en una vergüenza pública. Nada de eso se logra de la noche a la mañana’, complementó.
El convenio prevé acciones conjuntas que incrementen la conciencia pública acerca de no permitir la impunidad en los casos de violencia contra mujeres y niñas, así como para optimizar el funcionamiento de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia.
