La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó hoy en una nueva jornada de audiencias obtener más información sobre la situación de la independencia judicial en Bolivia y escuchó en dos sesiones a la oposición cubana, que solicitó al organismo que siga presionando al régimen de La Habana.
La comisión consideró oportuno analizar más profundamente la situación de la independencia judicial en Bolivia tras escuchar a peticionarios y representantes del Estado en una tensa audiencia dentro del 149 periodo de sesiones que se celebra esta semana.
Rubén Darío Cuéllar y Silvia Salame, representantes de la Fundación Nueva Democracia, aseguraron que en el país andino existe un «secuestro del sistema judicial por parte del órgano ejecutivo, detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales», entre otras violaciones de los derechos humanos.
Cuéllar añadió además «violaciones insistentes a los derechos políticos, la aplicación retroactiva de las leyes penales, la persecución a jueces independientes, la vulneración al derecho a la doble instancia en juicios de responsabilidad y las constantes violaciones a la libertad de expresión».
«A lo largo de los últimos cinco o seis años de gestión del actual Gobierno se han ido introduciendo una serie de presiones para lograr fallos en función de los objetivos del Ejecutivo», reclamó Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional del país.
Durante el turno del Estado, el ministro de Gobernación boliviano, Carlos Romero, calificó a sus interlocutores de «políticos que se camuflan en la defensa de los derechos humanos» y aseguró que los peticionarios «tienen un concepto restringido de lo que hoy es la democracia en Bolivia».
«Hemos experimentado profundas transformaciones estructurales, que no solamente han permitido incorporar a sujetos excluidos, como indígenas y mujeres, sino que ha permitido la redistribución del poder político hacia las regiones», dijo Romero.
Los miembros de la Fundación Nueva Democracia aludieron a casos de destituciones públicas improcedentes e incluso aseguraron haber contabilizado desde septiembre de 2011 un total de 60 ejecuciones extrajudiciales.
Ante el intercambio de acusaciones, el comisionado colombiano Rodrigo Escobar Gil solicitó información por escrito que aclare los mecanismos de funcionamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia y, respecto a las destituciones denunciadas por los peticionarios, pidió que se detallara si estas habían sido llevadas a cabo respetando el debido proceso.
Asimismo, Escobar Gil pidió datos sobre los mecanismos de control judicial en Bolivia y si son o no efectivos.
Por otro lado, la comisión también escuchó en dos audiencias a la oposición del régimen cubano, que, acompañada por congresistas estadounidenses, pidió al organismo que continúe presionando a favor de sus derechos, porque su acción les reviste de una «coraza protectora» en la lucha contra un régimen que calificaron de «delincuente internacional».
Los congresistas republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, ambos de origen cubano, acudieron a una de las audiencias para mostrar su apoyo a los tres disidentes cubanos presentes en la misma, entre los que estaba Jorge Luis García Pérez «Antúnez».
«Personas como ellos saben bien de la realidad en Cuba y nos pueden hablar de las supuestas ‘reformas’, que son solamente cosméticas. Que les pregunten a ellos, las víctimas de la represión, qué cambios se han visto en Cuba: más golpes, más cárcel», dijo Ros-Lehtinen a periodistas tras intervenir en la audiencia.
Ese organismo ha emitido varias medidas cautelares en los últimos años en las que instaba al Estado cubano a proteger los derechos y la vida de varios disidentes cubanos y hoy, precisamente, anunció la concesión por primera vez de una medida cautelar para todo el colectivo de las Damas de Blanco.
«La resolución es a favor de un número aproximado de 237 personas que aparecen identificadas en lo registrado por las solicitantes de la cautelar. (…) Lo que señala la medida cautelar al Estado de Cuba es que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las integrantes de la organización», explicó el comisionado y relator para Cuba, Felipe González.
En una audiencia exclusiva para este colectivo, su fundadora, Berta Soler, insistió en que la represión que sufren por el régimen castrista se ha recrudecido en los últimos seis meses y resaltó las duras condiciones en las que vive presa su compañera Sonia Garro Alfonso, encarcelada desde hace 18 meses de manera preventiva en la isla.
«Las autoridades niegan su padecimiento y la necesidad que tiene de alimento especial, le han negado asistencia médica. Tiene el cuerpo cubierto de llagas por una infección bacteriológica y ella se niega a ingerir los alimentos por temor a que estén adulterados», añadió Soler.
La comisión, que ya había otorgado medida cautelar en el caso concreto de Garro, pidió a las activistas que mantengan informados a los comisionados sobre su situación, en tanto que la CIDH tampoco puede realizar visitas a la isla.
