La oficina en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) sugirió ayer crear en el país una “comisión de la verdad” para atender de forma integral a las víctimas de las dictaduras. La propuesta surgió luego de que el organismo, desde Ginebra, llamara la atención al Estado de Bolivia por tener temas pendientes respecto a la reparación de daños.
El representante de Alto Comisionado de la ONU, Denis Racicot, se refirió ayer a este informe que considera “insuficiente tratamiento de la reparación por violaciones de los derechos humanos durante el periodo de las dictaduras militares (1964-1982)”.
La declaración se conoció un día antes del recordatorio 34 de la masacre de Todos Santos (1979), cuando murieron al menos 100 civiles durante un golpe comandado por el coronel Natusch Busch. “Bolivia puede pensar en la posibilidad de una comisión de la verdad para esclarecer los hechos y también una reparación adecuada a las víctimas de estos regímenes”, sostuvo Racicot.
A modo de ejemplo, el Comisionado se refirió al conflicto armado y la guerra civil de El Salvador donde una comisión de la ONU resolvió el tema. En Chile intervino un grupo de “personalidades” reconocidas por su trayectoria en materia de derechos humanos. En Haití fue una combinación de expertos internacionales y personalidades nacionales. El funcionario dijo que para Bolivia se debe buscar un modelo adecuado con su realidad, con gente destacada por sus cualidades morales y trayectoria.
“En el derecho internacional se admite la reparación moral a las víctimas que van desde monumentos, nombramiento de calles y programas de ayuda en salud, educación (…) y también contempla medidas de reparación económicas: compensaciones y pagos mensuales”, detalló Racicot.
El jueves, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que es posible una investigación sobre los daños de las dictaduras, pero descartó un resarcimiento mayor, a favor de las víctimas, que aquel que se estableció con la Ley 2640 de 2004, que benefició a 6.000 ciudadanos. Un grupo de 13 representantes de las víctimas de las dictaduras acampa desde hace 600 días frente al Ministerio de Justicia para pedir esas reparaciones.
