El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional que tiene la finalidad de eliminar grupos pandilleros en el país, para este fin, entre otras acciones, se plantea sancionar a los padres de familia con la imposibilidad de acceder o candidatear a algún cargo público en caso de tener hijos vinculados a estos grupos.
El proyecto de Ley de Lucha contra la Formación y Conformación de Pandillas señala que los progenitores tienen la responsabilidad de velar por la educación y formación de sus hijos e hijas.
«Estamos proponiendo en la ley de que si un padre de familia tiene un hijo en este tipo de pandillas, no podrá ser candidato y no es que queramos coartar el derecho, pero no hay autoridad moral por parte de ese individuo o padre de familia. Si no pudo manejar una familia, mucho menos a una sociedad o un conjunto de un municipio o un departamento del país», aseveró Tupa a la ANF.
Si bien la iniciativa aún debe pasar por el conducto regular respectivo al interior de la Asamblea Legislativa, el diputado proyectista espera que el documento pueda ser aprobado lo más inmediatamente posible, a objeto de que pueda estar vigente para las elecciones del 2014.
Paralelamente a estas sanciones, el objetivo del proyecto de ley es desarticular las pandillas existentes en el país, pues entre las medidas que se proponen en la misma se apunta a prohibir la circulación de menores de edad en horarios nocturnos.
«Con esta ley el Ministerio Público y la Policía tendrán que trabajar de oficio y no permitir que jóvenes menores de edad estén transitando por las calles a altas horas de la noche», aseguró el diputado.
Respecto a las sanciones para los jóvenes inmiscuidos en pandillas, Tupa fue claro en señalar que las leyes no permiten juzgar a menores de edad, por ello que las sanciones van dirigidas a sus padres, aunque se fija la construcción de albergues o casas de acogida para la reinserción de los adolescentes vinculados a estos grupos.
Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola calificó de «discriminatoria» la sanción contra los padres de hijos envueltos en estos grupos, puesto que las causales para inhabilitar o restringir a una persona a ejercer la función pública se encuentran establecidas en los artículos 238 y 239 de la Constitución Política del Estado (CPE).
«La ley es discriminatoria, arbitraria y abusiva. Además que trata de tapar la inacción frente a hechos que hacen daño al Estado. No se va a combatir las pandillas a partir de sancionar a los padres. Eso implica todo un proceso de educación desde la escuela, desde el hogar y de ninguna manera una persona puede ser sancionada por los hijos implicados con pandillas, no hay una responsabilidad penal directa y tampoco hay una inhabilitación de cargo por estos casos», manifestó Piérola a la ANF.
El artículo 238 de la CPE establece que las personas que no pueden acceder a cargos públicos son: Quienes ocuparon u ocupen cargos directivos en empresas o corporaciones que tengan contratos o convenios con el Estado; quienes hayan ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan contratos o convenios con el Estado; quienes ocupen cargos electivos, de designación o de libre nombramiento, que no hayan renunciado a éste, al menos tres meses antes al día de la elección, entre otras causales.
Mientras que el artículo 239 señala que es incompatible con el ejercicio de la función pública: La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora pública o del servidor público, o de terceras personas; la celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado y otros.
