El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció, este martes, por el rechazo al pedido de extinción de la acusación del delito de incumplimiento de deberes contra el ex presidente Jorge Tuto Quiroga, al declarar «improbada» la acción presentada por la defensa del ex mandatario dentro del caso conocido como «petrocontratos».
El Tribunal, que además decidió continuar con la Audiencia Pública de Medidas Cautelares, basó su resolución en que Tuto Quiroga fue imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que prevén sanciones de uno a seis años de cárcel, lo que no permitían «fragmentar» ambas figuras delictivas dentro del proceso.
Además, la presidenta del Tribunal, Maritza Suntura, argumentó que existía una «conexión natural e íntima» entre ambos delitos, ya que -sostuvo- la base de la imputación era la no remisión de los contratos petroleros a conocimiento del Legislativo, cuando éstos fueron suscritos el año 2001, acción que presuntamente derivó en la comisión de delitos de corrupción.
La Fiscalía acusa a Quiroga de los delitos de incumplimiento de deberes formales y conducta antieconómica, producto de la firma, durante su gestión presidencial (2001-2002), de cuatro contratos para la exploración de hidrocarburos en el territorio nacional a cargo de empresas petroleras transnacionales.
La defensa de Quiroga dijo que el delito de incumplimiento de deberes prescribió cuando el término del proceso actual lleva ocho años, mientras que de acuerdo al Código Penal debió extinguirse a los tres años.
Tanto el Ministerio Público como las otras instituciones coadyuvantes, entre ellas la Procuraduría del Estado, el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pidieron al Tribunal declarar improcedente el incidente de Quiroga, indicando que la imputación al ex mandatario involucra delitos vinculados a la corrupción y que, de acuerdo con la Constitución, «son imprescriptibles».
Según el argumento de la Procuraduría, el Tribunal no debió limitarse a un «mero cálculo matemático» del tiempo de la acción, sino hacer una «valoración» de las consecuencias del hecho investigado que se basa -dijo- en la no presentación de los contratos ante el Congreso.
Mediante sus abogados, el ex presidente expresó su desacuerdo con la resolución del Tribunal, indicando que la misma estaría violando el derecho a la defensa y desconociendo «los avances de la cultura universal de los derechos humanos».
