El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al vicepresidente Álvaro García gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas para dar curso a la intervención de la Asamblea Legislativa en la investigación de las más de 20 muertes de efectivos en recintos militares.
Villena hizo el pedido luego de presentar el informe defensorial sobre la vulneración de derechos humanos del subteniente Ceooly Espinal Prieto, muerto en febrero en la Escuela de Cóndores de Bolivia, en Sanandita, Tarija.
“La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes como la muerte de más de 20 ciudadanos, entre militares, cadetes y conscriptos, y la recepción, en nuestra institución, de más de 300 denuncias de vulneración de derechos, algunas de ellas referidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, en los últimos tres años”, declaró.
Reporte. En agosto, un recuento de este diario estableció que desde 2010 murieron 20 militares —entre oficiales, suboficiales y conscriptos— cuando prestaban su servicio. Desde entonces se presentaron otros dos casos.
Villena consideró que las denuncias parecen responder a una forma “profundamente arraigada de ejercicio de la violencia” en la formación y conducta en los cuarteles, y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades militares a las solicitudes de información para coadyuvar en el esclarecimiento de esos hechos.
Informó que envió una misiva a García para que, a la brevedad posible, convoque a una reunión entre el Defensor y las autoridades militares. En ese encuentro, plantea, debe decidirse la intervención de la Asamblea en la investigación de las muertes de uniformados en recintos militares.
Además pide que “se acuerde la adopción de medidas que garanticen que los y las soldados que acuden a los recintos militares, los cadetes y efectivos, así como los civiles, tengan la seguridad de que sus derechos van a ser respetados y garantizados, especialmente a la vida, integridad física, psicológica y moral, seguridad, protección y cuidado, y a no sufrir torturas, violencia ni tratos degradantes y humillantes”.
En julio, Villena pidió a través de una carta una reunión con el comandante en Jefe de las FFAA, general Edwin de la Fuente, para tratar las muertes de militares. De la Fuente, en una misiva de respuesta, el 23 de julio, manifestó que “no es pertinente” porque los casos que serían objeto de análisis están en la Justicia Ordinaria, por lo que le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”.
Ante la negativa del jefe militar, Villena recordó que acudió al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, con lo que logró que De la Fuente fije fecha para la cita que, luego, se suspendió. Tras ello se guarda silencio, acotó.
“Han pasado casi cuatro meses de infructuosa espera y en ese tiempo, lamentablemente, nuevas evidencias vuelven a mostrar al país que el problema subsiste y que nada han hecho las autoridades civiles y militares para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los bolivianos”, dijo Villena.
También reveló que la Defensoría, en los últimos cuatro meses, recibió 57 denuncias por vulneración de derechos cuyos presuntos responsables eran miembros de instituciones o unidades militares. “Admitimos 13 denuncias que tenían como víctimas a conscriptos o estudiantes; siete casos tenían que ver con el derecho a la dignidad, a no sufrir tratos crueles y derecho a la vida”, explicó el Defensor.
En el informe del deceso de Espinal, la Defensoría identificó que hubo afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida. También evidenció ausencia de auxilio médico y falta de personal médico calificado para dar un correcto diagnóstico.
Decesos de militares en 2013
Víctimas
En lo que va de este año, ocho militares, entre conscriptos, suboficiales y oficiales de las tres fuerzas, fallecieron en recintos militares o cuando prestaban su servicio. El último fue el alférez Emanuel Cusi Suxo, quien se ahogó en el lago Titicaca en octubre.
