El expresidente de la Cámara de Diputados y actual presidente de la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Héctor Arce, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), valoró hoy que el sistema de jueces ciudadanos es «un criterio bueno, pero que no funciona en la actualidad, debido a la falta de una lectura clara de la realidad boliviana antes de su aplicación».
«Lamentablemente en nuestro país desde hace más de 10 años de reforma y de la vigencia de la ley 1970 (Código de Procedimiento Penal), se debe reconocer que por diferentes problemas, el sistema de jueces ciudadanos no ha funcionado en el país», afirmó el diputado oficialista y exministro de Defensa Legal del Estado.
Según datos oficiales, un 87% de las personas detenidas en las cárceles son reos preventivos, es decir, sin sentencia, y un 13% tienen sentencias ejecutoriadas.
En criterio de parlamentario, con estos índices se está peor que antes de la puesta en vigencia de la ley 1970 y eso demuestra con claridad meridiana de que este sistema no funciona en Bolivia.
En ese contexto criticó el sistema burocrático, la inexistencia de registros adecuados que han generado que sea muy difícil contar con jueces ciudadanos y la falta de voluntad de los ciudadanos para participar en estos procesos.
«Y eso nos debe llevar, de realizar una lectura correcta de la realidad, debatir y darnos cuenta de que ese sistema todavía no puede funcionar en nuestro país», afirmó.
Arce sostuvo que «en esencia» la participación de jueces ciudadanos es un criterio muy bueno en todo el mundo, ya que siempre se ha valorado que la conciencia de justicia para juzgar a alguien más la tiene el ciudadano común, y es muy bueno darles a ellos esa responsabilidad, asegura.
A ello se suma una sociedad con poca voluntad de participar en estos procesos como existe en otros países, esa voluntad que es de colaboración de una sociedad porque en última instancia es una labor social la que cumple la colaboración del juez ciudadano.
Estas y otras causas han generado que una gran cantidad de los procesos finalmente no se lleven adelante o concluyan en plazos razonables.
