El Ministerio de Defensa acusó hoy al defensor del Pueblo, Rolando Villena, de “tergiversar la realidad” y de asumir una “actitud demagógica” al plantear la intervención de la Asamblea Legislativa en los casos de muerte de uniformados en recintos militares, cuando tiene conocimiento de los procesos en curso y de que Diputados está al tanto del desarrollo procesal.
El Ministerio, en una solicitada pública, respondió a Villena, quien el jueves 14 pidió en una conferencia de prensa al vicepresidente Álvaro García viabilizar la intervención del Legislativo en la investigación de las más de 20 muertes en los recintos militares, como en el establecimiento de medidas que garanticen la vigencia y respeto de los derechos humanos.
La cartera de Defensa aseguró en la solicitada que el Defensor está “tergiversando la realidad” ya que están en curso las investigaciones judiciales sobre la muerte de uniformados, como sumarios informativos militares para determinar responsabilidades. Además recordó que esa autoridad no acudió a una reunión planteada para el 2 de septiembre con el viceministro de Defensa, Gustavo Sandoval, y la Directora General de Derechos Humanos del Ministerio, ante la ausencia del ministro Rubén Saavedra por cuestiones de agenda.
También reseña que la cartera de Estado a cargo de Saavedra rindió un informe sobre los casos que reclama el Defensor ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. “Por lo tanto se constituye en una actitud demagógica del Defensor del Pueblo de solicitar al Vicepresidente del Estado Plurinacional y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, su intervención sobre el tema de derechos Humanos en las Fuerzas Armadas”, establece parte de la solicitada oficial.
Villena hizo el pedido de intervención ante la falta de respuestas a las gestiones que hizo en casos como la vulneración de derechos humanos del subteniente Ceooly Espinal Prieto, muerto en febrero en la escuela de “Cóndores de Bolivia” en Sanandita, Tarija. “La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos y la recepción en nuestra institución, de más de 300 denuncias de vulneración de derechos, algunas de ellas referidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, en los últimos tres años”, señaló en ese entonces.
Entre otros detalló la muerte del soldado Carlos Daniel Loza en circunstancias en que era utilizado para transportar los enseres personales de un teniente y, por un accidente, cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército. El conscripto Freddy Rodríguez Uño, de 19 años, entre el 2 y el 3 de septiembre fue sometido a torturas y tratos crueles y degradantes en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, por un sargento y otros conscriptos.
Además aclaró el Ministerio de Defensa en relación a las declaraciones sobre la instrucción física que, “evidentemente existe una exigencia física porque se forma personal militar entrenando para la defensa de la soberanía de nuestro Estado”, aunque, añade, de forma paralela se instruye sobre el respeto a los derechos humanos.
