El Gobierno boliviano tildó hoy de «torpe y desacertado acto de neocolonialismo» la declaración del Parlamento Europeo (PE), que pidió un juicio «justo e independiente» para los europeos Elöd Tóásó y Mario Tadic, acusados de haber sido supuestamente parte de un complot contra el presidente Evo Morales.
«Bolivia, como Estado soberano, no acepta ningún acto de injerencia foránea en nuestros asuntos internos, condena enérgicamente ese torpe y desacertado acto de neocolonialismo de facciones de derecha del Parlamento Europeo», señala un comunicado leído a los medios hoy por el canciller David Choquehuanca.
Choquehuanca replicó así a la declaración adoptada hoy por el PE en su sede en la ciudad francesa de Estrasburgo, en la que solicita al Gobierno boliviano «que garantice un juicio independiente» para los casos del ciudadano húngaro Elöd Tóásó y del boliviano-croata Mario Tadic, acusados de planear un magnicidio contra Morales.
La Eurocámara también reclamó «una investigación independiente» que «incluya a expertos internacionales» sobre las muertes del ciudadano rumano Árpád Magyarósi, del irlandés Dwyer Michael Martin y del húngaro-boliviano Eduardo Rózsa Flores, a manos de la Policía boliviana el 16 de abril de 2009, en la ciudad de Santa Cruz (este).
El ministro boliviano de Exteriores agregó que su país «rechaza categóricamente esa resolución» porque, según dijo, fue adoptada apenas con «54 votos», cifra que representa «el 7,2 % de los 750 europarlamentarios» que componen el PE.
«Bolivia deplora con gran pesar que el Parlamento Europeo haya sido instrumentalizado por un pequeño grupo de eurodiputados de las facciones políticas de derecha y ultraderecha para lanzar sus intereses políticos sectarios enemigos de los procesos de transformación democrática», agrega la nota leída por Choquehuanca.
Los cinco extranjeros fueron acusados en 2009 por el Gobierno boliviano de ser parte de una supuesta trama para asesinar a Morales e integrar una célula terrorista para apoyar la secesión territorial del rico departamento de Santa Cruz.
Los acusados dentro de este caso -39 personas en total- han rechazado las denuncias con el argumento de que todo fue un montaje del Gobierno de Morales para perseguir a los dirigentes políticos autonomistas de Santa Cruz.
El proceso, que ha cumplido ya cuatro años sin sentencia, ha atravesado numerosos problemas, incluida la renuncia del principal fiscal acusador, en medio de denuncias de un supuesto vínculo de éste con un grupo de abogados del Gobierno detenidos por corrupción.
Entretanto, Choquehuanca insistió hoy en que el caso es «muy complejo y muy grave al estar relacionado con la organización de un grupo armado irregular en Bolivia con fines separatistas».
Exigió respeto al principio de «no injerencia» en los asuntos internos de su país y ratificó una invitación hecha en 2012 a organizaciones de derechos humanos de la Unión Europea para que visiten Bolivia y obtengan «información real sobre este caso».
