“Las naciones y pueblos indígenas que se encuentren en riesgo de desaparición deberán asumir políticas propias, que respetará el Gobierno, con el fin de fortalecer su desarrollo”, establece el proyecto de Ley 527 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios, aprobado el jueves en grande y detalle por el Senado.
“No será impuesto desde el Estado o Gobierno, sino que ellos (pueblos indígenas) tienen que plantear sus propuestas”, explicó ayer Eugenio Rojas senador del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). Según el legislador, el proyecto fue elaborado luego de las marchas que realizaron a la sede de gobierno, pobladores de la nación Uru, quienes denunciaban avasallamientos a sus tierras.
La normativa, que fue remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación, establece que el Gobierno apoyará a los indígenas, a través de una Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios (Digepio) que trabajará en prevención, protección y fortalecimiento.
La Constitución Política establece en su artículo 31 que “Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva”.
“No era necesario esta ley porque ya existe convenios internacionales que protegen a los pueblos”, manifestó ayer Rafael Quispe, representante de Bolivia en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece mecanismos de preservación y cuidado de los pueblos indígenas en el mundo, recordó el activista político. Según datos del Censo 2012, ocho pueblos indígenas tienen menos de 500 pobladores. La futura normativa, considera vulnerables a las poblaciones que estén en “peligro de extinción”.
