El Gobierno boliviano emitió un decreto que permitirá a los extranjeros que se encuentren ilegalmente en este país regularizar, en los próximos seis meses, su situación migratoria sin pagar multas.
La norma de «amnistía» fue aprobada el miércoles 20 por el presidente Evo Morales y sus ministros y hoy se encuentra disponible en el sitio web de la Gaceta Oficial del Estado boliviano.
Según el decreto, la regularización migratoria se aplicará a todos los extranjeros en situación irregular que demuestren que residen en Bolivia desde al menos dos años antes de la promulgación de la nueva ley de migración vigente desde mayo pasado y que expresen «su voluntad de permanecer de manera regular» en este país.
Para esta regularización, el Gobierno boliviano ha fijado un plazo de seis meses y ha instruido a la Dirección General de Migración y al Servicio General de Identificación Personal (Segip) aplicar «la exención del pago de multas».
Los inmigrantes ilegales que quieran acogerse a esta medida deberán llenar un formulario de «declaración jurada de solicitud de permanencia temporal de dos años» que se puede solicitar o descargar del sitio web de la Dirección de Migración.
Con ese formulario, los solicitantes deberá presentar algún documento de identidad emitido en su país de origen y legalizado en la Cancillería boliviana, y otro que demuestre su fecha de ingreso a territorio boliviano.
Entre otros documentos requeridos para la regularización, también figuran certificados que acrediten que los solicitantes no tienen antecedentes policiales ni penales y una declaración jurada donde se establezcan «los medios de vida lícitos» que permitirán su subsistencia en este país.
Los inmigrantes irregulares que se acojan a esta amnistía «pagarán únicamente» el coste equivalente a 287 dólares por el trámite de «permanencia temporal de dos años» y 140 dólares si son menores de 16 años, señala el decreto.
Quienes logren regularizar su permanencia en Bolivia en el marco de esta norma deberán, además, tramitar la «cédula de identidad de extranjero» ante el Segip, que tiene un coste de 64,6 dólares, dentro del plazo establecido por el decreto, «de lo contrario deberán pagar la multa correspondiente».
Según datos del censo de población y vivienda de 2012, unas 73.707 personas mayores de 15 años entrevistadas en el empadronamiento declararon no ser bolivianas, si bien no se precisa cuántas de ellas están en el país legalmente y cuántas son ilegales.
Al clausurar un curso policial en La Paz, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, advirtió el lunes de que no debe haber ni un solo extranjero indocumentado circulando en Bolivia en actividades ilícitas porque éstos serán arrestados y enviados a sus países de origen.
