Tras dos meses de vigencia del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, al menos 37 presos se favorecieron con esta norma, mientras otros 285 hacen sus trámites.
Los reclusos advierten que hay obstáculos que retrasan la obtención de libertad.
El presidente Evo Morales firmó el decreto de perdón judicial tras revelarse que del total de privados de libertad, más del 80% tiene detención preventiva. Actualmente, en el país hay 14.771 presos. La Asamblea dio luz verde a la medida el 17 de septiembre, norma que regirá por un año. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en ese entonces, calculó que el indulto llegaría al menos a 2.000 reos.
Este diario solicitó con anticipación una información oficial del número de indultados en el país al director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, pero el viernes la autoridad se negó a otorgarla.
En una revisión informativa, se halló que al menos 37 presos de cinco recintos penitenciarios del país obtuvieron el indulto.
Libres. En Oruro se liberó a siete reos del penal de San Pedro; en Tarija, a 21 personas, en su mayoría del penal de Yacuiba; en La Paz, cinco; en Cochabamba, tres; y en Santa Cruz, una reclusa.
“Hasta septiembre del próximo año, muchas personas privadas de libertad se beneficiarán con el indulto, creemos que llegarán a los 2.000 (reos)”, estimó el director del Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep), Jorge Leitón.
Detalló que hay 285 carpetas de internos que buscan beneficiarse con el indulto. Según los datos estadísticos de Defensa Pública, ésta es la relación de trámites por departamentos: En La Paz hay 121; Santa Cruz, 43; Cochabamba, 37; Chuquisaca, 7; Potosí, 13; Tarija, 17; Oruro, 26; Beni, 16 y en Pando, 2.
Los trámites de amnistía son más bajos: La Paz 3; Cochabamba 1 y Pando 1. O sea, hay cinco en el ámbito nacional.
Las carpetas que Defensa Pública alistó serán remitidas a las direcciones departamentales de penitenciarías para su evaluación. Estos documentos, después, deben pasar a la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario para que sean homologadas. Luego deben ser enviadas al juez para que emita la orden de libertad.
El Ejecutivo emitió el decreto tras una revuelta en la cárcel de Palmasola, en agosto, que causó la muerte de 34 reos y un niño de año y medio, hijo de un recluso.
Al referirse al trámite de indulto, un representante del Consejo de Delgados de los presos de la cárcel de San Pedro (La Paz), que pidió no ser identificado, denunció que el proceso de recopilación de datos para el indulto no avanza, el hacinamiento carcelario continúa y sigue la retardación de justicia.
“Sólo salieron cinco personas con el indulto desde hace dos meses. No alcanzará (el plazo) para muchas personas y menos como dijo el Gobierno a 2.000”, señaló el reo.
Para agilizar el proceso burocrático, los internos piden al Ejecutivo flexibilizar el decreto, para que así puedan acceder al indulto sin la necesidad de un abogado que realice los trámites. Sobre el tema, Leitón remarcó que estos trámites sólo pueden ser realizados por abogados del Senadep.
El jurista admitió que existen algunos problemas que retardan la ayuda a los presos, como la tardanza en la recolección de datos y requisitos, entre ellos el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) que debería salir en 24 horas y que tarda al menos cinco días.
Agregó que también afecta que algunos privados de libertad que quieran acogerse al indulto no tengan la cédula de identidad. Indicó que esta situación frena el proceso, ya que es parte de los requisitos. Para enfrentar este problema, se pidió la colaboración del Servicio General de Identificación Personal (Segip) para que por medio de equipos operativos móviles se constituyan a los penales a otorgar el documento.
Senadep atiende 4.056 casos
Pedido
Reos de San Pedro solicitan al Poder Judicial terminar los juicios penales en los tres años estipulados, de lo contrario piden dejar en libertad a los detenidos.
Trabajo
El director nacional del Senadep, Jorge Leitón, informó que atienden al menos 4.056 casos de presos en el país, de los 14.771 privados de libertad en Bolivia.
Proyecto
El Senadep inició el proyecto de fortalecimiento integral de Defensa Pública, que tiene como objetivo llegar a todas las provincias que tengan recintos carcelarios en todo el país.
Perdón judicial regirá un año para los trámites
El Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía está vigente desde el 17 de septiembre y regirá por un año. El Gobierno emitió esa norma por razones humanitarias para beneficiar a presos que cometieron delitos menores y a quienes sufren de retardación justicia.
El perdón judicial llega a aquellas personas que tengan sentencias ejecutoriadas igual o menor a ocho años, involucradas en la comisión de delitos menores.
La amnistía, que consiste en el olvido de la pena, beneficiará a las personas procesadas y detenidas preventivamente por delitos cuya pena sea igual o menor a cuatro años.
Para este caso quedan excluidos los condenados o procesados por delitos en los que la Carta Magna o el Código Penal no admitan el indulto; los que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesados por delitos de asesinato, violación a niño, niña y adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando y los tipificados en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Las condiciones para acceder al indulto son que el beneficiado no sea reincidente; ser adultos mayores, varones de 58 años y mujeres de 55 años; y que hayan cumplido una tercera parte de su condena a pena privativa de libertad. Además, ser adolescentes imputables y jóvenes hasta 25 años que hayan cumplido una tercera parte de su condena o también ser personas con enfermedad grave o incurable, en periodo terminal. También serán perdonas las personas con grado de discapacidad grave o muy grave, siempre que la atención amerite un cuidado especial y que hayan cumplido una cuarta parte de su pena.
