El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos reapareció para denunciar que en los centros penitenciarios de Bolivia domina el dinero y que la droga ingresa por kilos a las cárceles. Abogó por una ‘civilización carcelaria’ y cuestionó la reapertura de San Pedro a los detenidos preventivos.
Cesado de sus funciones el 8 de noviembre, Llanos sostuvo el jueves que para erradicar la corrupción y los actos ilícitos en los centros penitenciarios la Policía debe dejar de administrar y supervisar los recintos carcelarios.
«La gente no se da cuenta de la dimensión escandalosa que representa los cobros de dinero en las cárceles. 1.000 dólares le cobran a una persona para ir a una sección”, denunció en una entrevista al programa Pan y Circo de Cadena A. A la pregunta sobre quién cobra esos dineros, la exautoridad no dudó en responder: “La Policía, conjuntamente con los delegados (de las cárceles)”.
A modo de ejemplo, citó que en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, al menos 30 mil dólares ingresan por día por cobros irregulares de los mismos privados de libertad.
Otro hecho preocupante –según Llanos- es el ingreso de drogas sin ningún control. “(Hay) droga por kilos en las cárceles. En las cárceles del altiplano, hemos hecho estadísticas, el 38% consume cocaína. Alcohol entra por latas . En Santa Cruz, el último dato que tenemos, casi el 95% consume cocaína. ¿Y quién mete (la droga)?. Mete aquella institución que ha estado encargada de las cárceles, por eso tienen que irse, tenemos que civilizar las cárceles”, declaró.
Llanos asumió el cargo de Director de Régimen Penitenciario en mayo de 2012. Inmediatamente inició varios procesos de reforma en los recintos penitenciarios, entre ellos la aprobación del Reglamento General de Cárceles, en septiembre de 2012, que entró en vigencia tres meses después.
En su gestión, en julio de 2012 fue reinaugurada la cárcel para menores de Calahuma, en Viacha, al oeste de la ciudad de La Paz. En ese mismo mes, por el peligro que existía para los niños que vivían dentro de San Pedro, se inició el proceso de evacuación de los menores de 11 años.
Además, el 1 de agosto de 2013, Régimen Penitenciario dispuso el traslado de nuevos detenidos preventivos del recinto de San Pedro al centro penitenciario de Patacamaya. En Santa Cruz, después de 25 años de permanecer cerrada, la exGranja de Espejos abrió sus puertas con un nuevo enfoque en septiembre e inicialmente acogió a 25 jóvenes de la penitenciaría de Palmasola.
Tras su alejamiento del cargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que Llanos había cumplido su ciclo. “Hemos cerrado una etapa, un ciclo simplemente”, dijo. Javier Aramayo asumió esa responsabilidad y el miércoles aprobó la reapertura de la cárcel de San Pedro a los detenidos preventivos.
“La delincuencia manda en Bolivia, no hay autoridad que se atreva a decirles a los privados de libertad: señores ustedes dejen estar en relación con la Policía y vamos a poner orden y disciplina en los centros penitenciarios”, insistió.
Defendió el cierre de San Pedro. Sostuvo que con esa medida se evitó al menos 180 extorsiones de los presos con sentencia a los detenidos preventivos. También recordó que existe un terreno de 20 hectáreas en Palca para la construcción de una nueva cárcel.
En sus declaraciones, el exdirector sostuvo que en enero de 2014 debía empezar la construcción de bloques en Palca para el traslado de al menos 400 reos sentenciados. Advirtió que agosto de ese año el número de reclusos en San Pedro se reduciría de unos 2.000 a 400, tras el traslado de otros presos a cárceles de Patacamaya, Sica Sica e Inquisivi. Asimismo, señaló que se tenía previsto construir otro centro penitenciario en los Yungas.
“Conocía el Ministro (de Gobierno), el Presidente (del cierre de San Pedro). Todo estaba planificado. Hay muchos intereses. Cerrar San Pedro es cerrar muchas economías, la gente que mete alcohol y droga se siente afectado, aquellos que ya no tienen posibilidad de hacer negocios como vender celdas, extorsiones se sienten afectados”, manifestó.
También reveló que en las cárceles existen muchos reos que pierden la vida, y que nadie quiere investigar esos sucesos. Afirmó, por ejemplo, que el hombre que violó, en septiembre a un bebé de siete meses y que apareció en su celda ahorcado, en realidad habría sido ejecutado. “Ese señor fue muerto en Chonchocoro”.
“El señor que murió en San Pedro, lo llevaron a un ambiente de aislamiento, ¿quién lo golpeó?. Hay que investigar mucho, pero como da miedo los que tienen el control de las cárceles están ahí tranquilos, porque no se quiere transparentar. El ingreso de latas de alcohol a San Pedro (en enero) ha quedado ahí, los fiscales tienen miedo. Nos está dominando la delincuencia”.
La exautoridad atribuyó su destitución al haber promovido que la vigilancia de las cárceles esté en manos de civiles contratados por los municipios o gobernaciones; y al indulto a privados de libertad. Según explicó, ese perdón iba a beneficiar a 701 personas en el país, aunque autoridades presionaron para que ese número suba a 2.000.
