El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y representantes de organizaciones indígenas presentaron ayer, de manera oficial, el proyecto de Ley de Consulta Previa Libre e Informada, una normativa que, según indicaron las partes, protegerá a pueblos afectados por la ejecución de proyectos de infraestructura del Estado.
Tras casi ocho horas de debate, la comisión del Ejecutivo y los sectores sociales resolvieron el principal tema que dificultó el consenso del documento que ya fue aprobado, en grande, en agosto. El texto en cuestión se refiere al artículo 28, que resuelve la posible negativa de los pueblos ante una iniciativa estatal y el posible veto a la consulta.
“Si hay dificultad, se agotarán las instancias de consulta con un plazo de 180 días; para este objetivo existirán excepciones si el proyecto es complejo”, explicó el ministro Carlos Romero en rueda de prensa, tras finalizar la reunión.
El artículo 30 de la Constitución Política dispone como derechos de los pueblos indígenas, “la consulta mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
La normativa de consulta, que consta de siete capítulos y 37 artículos, destaca el carácter vinculante que tendrá la decisión que asuman las poblaciones afectadas en una región por un proyecto ya sea administrativo, es decir, “proyectos, obras, industrias”, aclaró Romero, o legislativo cuando se decidan cambios legales que afecten a poblaciones.
El proyecto será enviado la próxima semana al despacho del presidente Evo Morales para que éste le dé el visto bueno y sea remitido oficialmente a la Asamblea Legislativa, que deberá consignarlo en su agenda del próximo año.
