El jefe departamental de la Procuraduría de Oruro, Waldo Soto, dijo que según una evaluación a juicios de seis instituciones estatales iniciados a exservidores públicos, hay dejadez e incumplimiento de plazos procesales, aspecto que podría derivar en responsabilidades en contra de los abogados.
Informó que se evaluó procesos del Servicio Nacional de Reparto (Senasir), Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (Senarecom), municipios de Caracollo, Huanuni y Oruro, además de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).
“Hemos tomado como parámetros 15 procesos de cada institución y hay informes de evaluación que ya fueron elevados ante el Procurador General del Estado, para que recomiende mejoras y acciones”, indicó.
Subrayó que estas irregularidades se observan principalmente en procesos coactivos fiscales, que establecieron un manejo irregular de dinero, mediante dictamen de auditoría por la Contraloría en contra de exservidores públicos, pero las reparticiones no hacen nada para recuperar el dinero que llega a Bs 3 millones.
Explicó que la UTO tiene cerca de 80 procesos, Impuestos Nacionales 500, la Aduana Nacional Regional Oruro 500, la Gobernación 300 y la Alcaldía de Oruro 250 procesos, entre otras entidades estatales.
