La Cámara de Senadores aprobó una ley que crea la Comisión de la Verdad para la identificación de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y ubicación de los restos de las personas declaradas desaparecidas en las dictaduras desde el 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. La Comisión trabajará 36 meses.
La presidenta del Senado, Gabriela Montaño, justificó la aprobación de la norma asegurando que existe una herida abierta desde hace 50 años porque no hubo voluntad política para cerrarla.
“No conozco antecedentes de que haya existido un gobierno en todo este periodo, que haya planteado esta Comisión de la Verdad porque no le interesaba hacerlo, probablemente, porque algunos de sus miembros eran parte de los procesos de dictadura”, sostuvo Montaño, según boletín de prensa de la Cámara Alta.
La Comisión de la Verdad tendrá entre sus funciones el solicitar de manera fundada y obtener información de entidades públicas o privadas, con fines de investigación; recepcionar denuncias, pruebas y presentarlas en su caso al Ministerio Público; coordinar acciones con entidades públicas y privadas para la ubicación del paradero de restos de las víctimas de desaparición forzada; coordinar y coadyuvar acciones con entidades públicas y privadas para la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Tendrá una vigencia de 36 meses, computables a partir de la aprobación de su reglamento interno y el plazo podrá ser ampliado mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia por 18 meses. Estará constituida por un representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), dos de organizaciones de derechos humanos, un representante del Ministerio de Justicia, uno del Ministerio de Defensa, otro del Ministerio de Gobierno y un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Encontrar la verdad significa cerrar las brechas de impunidad, significa devolverle al país la posibilidad de mirar hacia atrás (…) Sí, podremos haber zanjado como sociedad una deuda histórica”, insistió Montaño y explicó que la instancia creada pasará toda la información recopilada y sistematizada al Ministerio Público para encontrar a los culpables de la muerte, desaparición y tortura de cientos de bolivianos.
La legisladora aclaró que este gobierno y la bancada del MAS no va a ocultar o manipular información para esconder a ningún asesino, torturador y victimario de bolivianas y bolivianos. “No tenemos por qué hacerlo, no convivimos con ellos, no tenemos nada tranzado con ellos, no los necesitamos para mantener y sostener nuestro poder, no necesitamos de ellos para ser gobierno ni para ser la bancada mayoritaria en el Senado y en Diputados”, afirmó
