Al evaluar la administración de justicia en el país, con autoridades electas por voto popular, el presidente en ejercicio Álvaro García criticó ayer esta labor que dijo todavía está “muy mal”. Reiteró que pedirá cárcel para los jueces que retarden juicios.
La declaración del Jefe del Estado —que reemplaza al presidente Evo Morales que viajó a China— la emitió en el Palacio de Gobierno, en una conferencia de prensa.
“Mi lectura de la justicia es una pena. En los tres años que funciona la nueva administración y a pesar de los 185 años de su vigencia, los resultados son muy pobres, por lo que tiene una deuda pendiente con la sociedad”, criticó García.
“Sigue una pena, sigue una lágrima, la justicia está muy mal, estaba muy mal antes y hoy sigue igual que antes”, acotó la autoridad.
Reclamó que a pesar de que se cambió a las personas que administran la justicia y se democratizó la condición social de los jueces y fiscales, los resultados prácticos frente al litigante siguen iguales que antes, mal.
En aplicación del artículo 182, parágrafo I de la Carta Magna, en octubre de 2011 la ciudadanía eligió por primera vez, mediante el voto, a los nuevos magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional y Agroambiental, además de los consejeros de la Magistratura.
El objetivo, recordó ayer García, era poner en marcha una nueva justicia, combatir la retardación, la corrupción e incorporar los lineamientos de la jurisdicción indígena originario campesina.
La autoridad dijo que los jueces y fiscales están conminados a reducir la tasa de presos sin sentencia, ya que cuando él estuvo en la cárcel (1992) el 80% de los reos no tenía sentencia. Hoy, más de 20 años después, esa tasa se mantiene, “es una barbaridad”, reclamó.
“Personalmente voy a revisar el (proyecto) de Código de Procedimiento Penal, espero no sea inconstitucional, para incorporar que si no se cumplen los plazos procesales, el juez o fiscal responsable vaya a la cárcel”, reafirmó.
Reprochó que haya juicios que duren una década, ya que esa sería una forma de tortura y extorsión hacia el litigante. En el acto, García ratificó que renunció a recibir indemnización por la demanda por torturas que presentó hace más de 15 años ante la Corte Interamericana de Justicia, desde la cárcel, cuando estuvo detenido más de cinco años sin sentencia.
