La Contraloría Departamental de Chuquisaca estableció un daño económico de Bs 630.000 en el Ministerio Público. El informe indica que entre 2006 y 2007 se distribuyeron esos recursos entre al menos medio centenar de exfuncionarios bajo el concepto de “bono de capacitación”.
El gerente departamental de la Contraloría, Amílkar Ayala, informó que la auditoría sobre la ejecución de ingresos y gastos de esos años, en los que era fiscal general Mario Uribe, estableció indicios de responsabilidad civil a raíz de que los recursos asignados en su presupuesto anual para la capacitación del personal fueron distribuidos entre funcionarios.
Ayala dijo que los exfuncionarios identificados en la auditoría deben devolver esos recursos a la Fiscalía General del Estado. Anunció que la próxima semana se harán las notificaciones y cada uno de los involucrados tendrá 20 días hábiles para reembolsar el dinero.
Si en ese periodo los implicados no realizan el depósito en cuentas del Ministerio Público, se abrirá un proceso coactivo fiscal y esa responsabilidad recaerá en el actual fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que en cumplimiento de la ley deberá iniciar los citados procesos.
Ayala explicó que en caso de que algunos de ellos no hagan el depósito por el monto que percibió, la autoridad que ordenó ese pago deberá asumir su responsabilidad y cubrir el pago. El informe de auditoría se lo hizo en dos años, debido a que involucraba dos gestiones.
