De las 22 denuncias que ingresaron este año a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, siete fueron admitidas. Del total, el 65% corresponde a procesos contra legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los casos deben pasar al pleno para la determinación de las sanciones.
La información la hizo conocer el presidente de esa instancia legislativa, Evaristo Peñaloza, quien señaló, no obstante, que sólo tres de los casos analizados tienen informe final para que en sesión plenaria de la Cámara Baja se dictamine una penalidad contra los asambleístas denunciados.
“De las 22 denuncias recibidas, 16 fueron rechazadas y siete admitidas, de las cuales tres ya tienen resoluciones y el resto quedará pendiente (para el próximo año). En enero todavía tenemos nuestra sesión de comisiones”, explicó el asambleísta del MAS. Sin brindar detalles de los casos, Peñaloza indicó que entre los procesos que cuentan con informe final están los del diputado Antonio Franco (Unidad Nacional) y Marcelo Elío (MAS).
Informe. “Queda pendiente para el próximo año un proceso contra los diputados Ever Moya y Gabriela Medina (ambos oficialistas), entre otros. Las resoluciones ya las hemos remitido a la presidencia (de la Cámara de Diputados) y las sanciones serán determinadas por el pleno, y luego se harán las debidas notificaciones”, agregó el diputado en declaraciones a este medio.
De acuerdo con el informe oficial, del total de los casos, el 65% corresponde a legisladores del partido en función de gobierno y el resto a Convergencia Nacional (CN) y Unidad Nacional. La mayor parte de las denuncias tiene que ver con uso indebido del cargo para beneficio personal o de terceros y, además, por tráfico de influencias.
También fueron procesados los diputados del oficialismo Marcelo Elío, Freddy Huayta, Galo Silvestre Bonifaz, María Chuca y Griselda Blanco, por presunta discriminación, que presentaron las pruebas de descargo.
Este proceso fue iniciado por el diputado opositor Franz Choque (CN), quien, hace al menos dos semanas, recibió la información de que los denunciados fueron exonerados de culpa; aunque el resultado oficial todavía no fue dado a conocer por Diputados. En criterio de Peñaloza, al menos tres casos quedarán pendientes de resolución para la legislatura 2014.
De acuerdo con el reglamento interno, las sanciones van desde llamadas de atención, descuentos económicos, suspensión del curul por un plazo de 6 a 12 meses; incluso la pérdida de mandato, en casos de gravedad.
De la misma forma, hasta la primera quincena de diciembre, la Cámara de Senadores procesó cinco denuncias contra dos legisladores de la oposición y tres oficialistas. La instancia legislativa de ética mandó el informe al pleno para que se determinen las sanciones correspondientes.
La presidenta de esa comisión, la senadora Sandra Soriano (MAS), dijo que se analizaron denuncias contra los oficialistas Efraín Condori, Adolfo Mendoza y Fidel Surco, aparte de los opositores Róger Pinto y Carmen Eva Gonzales. “Los cincos casos pasaron al plenario y no estamos dejando nada pendiente para el próximo año. El pleno definirá las sanciones”, añadió.
Pérdida del mandato
Norma
El artículo 157 de la Constitución indica que el mandato de un asambleísta se pierde por fallecimiento, renuncia, revocatoria de mandato, sentencia ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones.
