El Órgano Ejecutivo decidió dejar de financiar parte del pago de los prediarios (alimentación) de los privados de libertad y transferir la responsabilidad total de esa erogación a los gobiernos departamentales. Autoridades regionales ven con sorpresa la determinación asumida.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que al menos Bs 25 millones son destinados mensualmente a la alimentación de los presos, de los que el 56% es financiado por el Gobierno central y el restante 44%, por las administraciones departamentales.
La decisión está contenida en el Decreto Supremo 1854, del 24 de diciembre de 2013. “Tiene por objeto establecer que las entidades territoriales autónomas departamentales son responsables del pago total de los gastos por prediarios de todas las personas privadas de libertad ubicadas en su departamento”, refiere la norma, firmada por el presidente Evo Morales y su gabinete ministerial.
Ejecución. Bolivia registró hasta septiembre del año pasado 14.771 privados de libertad, de los que el 83,3% son detenidos preventivos, es decir sin sentencia. Los internos están distribuidos en 55 recintos carcelarios; en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz está el mayor número.
El secretario departamental Social y Comunitario de la Gobernación de La Paz, Hilario Calisaya, informó que no conoce de la decisión, aunque adelantó que esa transferencia de responsabilidades debe darse y provocará ajustes presupuestarios.
El prediario es de Bs 6,60 por interno, aunque en Santa Cruz el monto llega a Bs 8 porque el gobierno departamental incrementó el presupuesto destinado a ese ítem. Éste es un tema que es factor de conflictos en el ámbito penitenciario por, principalmente, demoras en su pago.
Uno de los últimos hechos se dio en noviembre de 2013 en las cárceles de Cochabamba. Reclusos iniciaron una huelga de hambre y cerraron las puertas de los recintos carcelarios en protesta por el retraso en la cancelación del beneficio; el desembolso de los dineros desactivó la movilización.
Romero explicó que la decisión de transferir la responsabilidad total del pago del prediario a las gobernaciones fue resultado de los debates en las cumbres de Seguridad Ciudadana, por lo que aclaró que no fue una determinación unilateral. “El Decreto Supremo (1854) está reflejando solamente un ajuste de la financiación de los prediarios de las cárceles con base en una consulta y consenso previo con las nueve gobernaciones”.
La primera cumbre del sector fue en junio de 2010 en Santa Cruz; la siguiente en febrero de 2011 en Tarija; la tercera en octubre de 2012 en Pando, y la última en junio del año pasado en la ciudad de Sucre. El objetivo de la iniciativa es perfilar políticas para luchar contra la delincuencia.
Romero remarcó que la medida debe empezar a ejecutarse a partir de enero con la aprobación de una norma técnica que deberá elaborar la Dirección General de Régimen Penitenciario, a cargo de Javier Aramayo.
El asambleísta departamental por el oficialista Verdad y Democracia Social (Verdes), Javier Limpias, aseguró que no conoce de la decisión. “Es bueno que esa (responsabilidad del presupuesto total) pase a las gobernaciones, así dejan de echarse la culpa ambos niveles de gobierno cuando hay problemas en ese sentido”, explicó el legislador, parte del partido del gobernador cruceño, Rubén Costas.
El ministro indicó que el Ejecutivo, además de definir las políticas en materia de régimen penitenciario, financia tareas como la seguridad en cárceles y servicios. Los dineros que dejen de destinarse a prediarios tendrán otros fines. “Tenemos carceletas que siguen funcionando como cárceles, y no se puede aplicar ningún sistema progresivo, de rehabilitación o clasificación de internos. Tenemos que hacer más inversión en infraestructura”.
Precisó que las gobernaciones pueden utilizar dinero del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para cumplir con la responsabilidad fijada en el Decreto Supremo 1854.
La lucha contra el delito
Norma
La Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías establecen que la seguridad ciudadana es tarea concurrente entre el Gobierno central y las administraciones departamentales
Cumbres
Cuatro cumbres de Seguridad Ciudadana fueron realizadas en los últimos cuatro años. En el último encuentro de junio se anunció la ejecución de Bs 500 millones para esta tarea.
IDH
Los gobiernos autónomos deben ejecutar parte de los dineros que reciben por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en iniciativas para combatir la delincuencia.
