Efectivos policiales de Inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendieron ayer a un fiscal de materia y a una abogada acusándoles de extorsión contra una exreclusa prontuariada por el delito de robo agravado.
Los implicados, Javier P., fiscal de materia de la División Delitos Contra la Propiedad de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la ciudad de La Paz, y Marlene R., abogada que ejercía la profesión libre, fueron presentados ante los medios por el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez.
“Se procedió a la aprehensión de estos señores y pedimos a las autoridades del Ministerio Público y la Justicia se aplique todo el rigor de la ley (contra los acusados), para que se demuestre que tenemos el interés de que la justicia sea justicia y no se la someta”, informó ayer Pérez.
No se descarta que se trate de una red de extorsión, añadió el viceministro, ya que el fiscal fue detenido de manera in fraganti cuando tenía el dinero en su poder, el que había sido cobrado a María F., para cambiar su situación jurídica. Luego fue aprehendida la abogada porque habría ayudado en el delito al representante del Ministerio Público.
Trabajo. La fiscal encargada del caso, Magaly González, explicó que los juristas están acusados por el delito de cohecho pasivo. También dijo que la Fiscalía aún realiza las investigaciones del caso. En las próximas horas, un juez cautelar definirá la situación legal de los detenidos.
El de ayer es el segundo caso de corrupción de autoridades judiciales detectado en lo que va del año. El 8 de enero, la jueza 4º de Partido Familiar de El Alto, Lilian Suárez, fue detenida en su despacho cuando cobraba ilegalmente Bs 400 por la redacción de un testimonio en un juicio de divorcio. Ella fue enviada al Centro de Orientación Femenina (COF).
Pérez detalló que la Policía hizo un seguimiento del caso desde el lunes, a raíz de una denuncia de la víctima, quien permaneció en el COF nueve años por robo agravado, obteniendo luego su detención domiciliaria. El supuesto fiscal extorsionador le informó que ella tenía mandamiento de apremio y para cambiar esa medida debía pagar $us 3.000. Por eso se vieron en la plaza Murillo y caminaron hasta una iglesia cercana, donde la mujer le entregó Bs 3.500 ($us 500); fue ahí donde se lo aprehendió.
Los abogados de los acusados manifestaron que la aprehensión de sus clientes fue irregular, además que todo sería un acto de venganza contra el fiscal por parte de la supuesta víctima, para no ser castigada por sus actos ilícitos. La mujer, según los abogados, buscó en la calle al fiscal y tras llevarlo a la iglesia le habría lanzado a los pies un sobre manila con el dinero.
Más casos y pruebas en el caso
Indagación
El viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó que se investigará si existen otros casos similares.
Pruebas
En la computadora del fiscal Javier P. se encontró un certificado de antecedentes falso, que él mismo hizo para la víctima.
Fiscalía promete investigación idónea
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que en el supuesto caso de extorsión revelado ayer, no se encubrirá a ningún funcionario y se actuará de forma transparente en la investigación. Informó que ya se precintó la oficina del fiscal Javier P.
“Nosotros no vamos a proteger, menos encubrir absolutamente a nadie. Esta es la actuación del nuevo Ministerio Público, se actuó de manera inmediata y se realiza investigaciones, en las próximas horas se dará la audiencia de medidas cautelares”, dijo Guerrero.
El fiscal comprometió una investigación transparente en éste y en otros casos en los que estén involucrados miembros del Ministerio Público. “Ayer hemos actuado de manera contundente contra este fiscal, se encuentra ya precintada su oficina y se hará el allanamiento del lugar para verificar la información que existe”.
Entretanto, la fiscal anticorrupción Magaly González señaló que en éste y en otros casos se trabaja contra la corrupción buscando recuperar la confianza de la población en la Fiscalía.
González explicó que el fiscal está acusado por cohecho pasivo, delito que está sancionado con privación de libertad de cinco a diez años de cárcel. Añadió que se investiga además todo el entorno laboral del detenido.
