El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ruddy Flores, instruyó investigar los supuestos cobros por fallos que se habrían efectuado en esta entidad, según aseveró en días pasados el Colegio de Abogados de Chuquisaca.
“Ante estas noticias (de presuntos cobros), he instruido a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (que funciona en el mismo TCP) haga las investigaciones pertinentes, porque si existe un acto de corrupción no solamente se debe identificar al responsable, sino que (éste) debe ser procesado y debe estar en la cárcel, porque esa persona no puede poner en cuestionamiento la labor de una institución tan importante como el TCP”, aseguró ayer el magistrado Flores.
La presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, había señalado que en la entidad que dirige se recibió “reiteradas denuncias en sentido de que se estuvieran realizando cobros en el TCP y en el Tribunal Supremo (de Justicia), y que habían unos señores llamados ‘operadores’, que no eran funcionarios, o suponíamos que no eran funcionarios, pero que tenían cierto acceso al Tribunal, y que eran los que realizaban determinadas solicitudes de cobros”.
En respuesta a la denuncia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, señaló a la agencia de noticias ANF que los representantes de la entidad colegiada, como personas de derecho, tienen que denunciar a los funcionarios involucrados en los actos de corrupción.
“El tema de la corrupción es personal, no institucional; no se puede señalar que una institución está siendo objeto de corrupción, si es que no se identifica en forma precisa al actor de estos hechos”, reclamó Hurtado.
En el caso de los juzgadores que estén cometiendo delitos o actos de corrupción, existen los mecanismos legales respectivos como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz para iniciar los procesos penales que el caso amerite, sentenció el magistrado.
Por su parte, el consejero de la Magistratura, Wilber Choque, dijo que a diario en los distritos del eje central del país se reciben denuncias anónimas de supuestos cobros por determinados fallos: “Pero mientras no haya prueba suficiente, no se puede hacer nada”, reconoció.
Choque indicó que espera que el Colegio de Abogados de Chuquisaca formalice con documentación sus denuncias ante la Unidad de Transparencia o la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, para que se asuma las determinaciones correspondientes.
Señaló que el único caso de supuesta extorsión que conocen las autoridades judiciales es contra una jueza de Partido de Familia de El Alto que fue sorprendida supuestamente cobrando una coima de 400 bolivianos. El Consejo de la Magistratura ya abrió un proceso disciplinario.
