El director nacional de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, descartó la inclusión de personal civil en la administración y control de seguridad en las cárceles del país y ratificó a la Policía en esta tarea.
La participación de civiles en el manejo carcelario venía siendo implementada en la gestión de Ramiro Llanos, quien a través de la Resolución Administrativa 184/2013 (23 de octubre de 2013) ejecutaba el proyecto bajo la lógica de erradicar la corrupción y extorsión en las penitenciarías.
Dicha resolución fue abrogada en la gestión de Javier Aramayo, quien asumió el cargo el 8 de diciembre de 2013 y devolvió el control interno y externo de los centros penitenciarios a la Policía.
La anterior gestión insistía en la inclusión de civiles en el control interno de las cárceles para cortar los cobros ilegales por “seguro de vida”, alquileres de celdas y teléfonos dentro de las prisiones; la Policía, se decía, iba a encargarse solo de la seguridad externa.
Policía. Aramayo dejó en claro que la seguridad interna y externa seguirá a cargo de la Policía, en el marco de la aplicación de la Ley 2298, “que le otorga al verde olivo esta responsabilidad”.
El Director Penitenciario evitó referirse a las denuncias de supuestos cobros ilegales que se vienen dando en el interior de la cárcel de Palmasola; señaló que su gestión no se basa en mirar atrás.
Si bien reconoció falencias en el sistema de control en Palmasola, dijo que no se remite “a situaciones del pasado”, pero que si se necesita mejorar hay que hacerlo tecnificando la vigilancia. Aramayo adelantó la instalación de 30 cámaras de vigilancia en el interior y la parte externa de la cárcel de Palmasola. “Estos equipos estarán conectados al centro de monitoreo de la Policía”, afirmó.
