El pacto fiscal, una figura legal establecida en la Ley de Autonomías para establecer la distribución de los recursos a los regiones, no establece un “plazo fatal” para su ejecución, según una interpretación gubernamental.
De acuerdo con la disposición décima séptima de la Ley Marco de Autonomías, “en un plazo no mayor a seis meses después de publicados los resultados oficiales del (…) censo, la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada al Consejo Nacional de Autonomías para desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas. El plazo referido debería vencer el 31 de enero si se toma en cuenta la publicación de los primeros datos de la encuesta nacional.
“La ley establece un plazo después de la emisión de los resultados del censo. Entiendo que se está contando, desde mi punto de vista de manera errónea, a partir de la emisión de una parte de los resultados porque en realidad los resultados que se han presentado no han sido los totales. Todavía falta información (desagregada)”, dijo ayer a La Razón la viceministra de Autonomías, Gisela López.
Un cable de la agencia ANF, divulgado el 13 diciembre, refería una postura diametralmente opuesta de la autoridad citada. “En enero se nos cumple el plazo. Nosotros estamos discutiendo ya un borrador final y lo entregaremos en el plazo establecido a quien corresponde”, dijo López según este reporte.
El secretario de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, consideró ayer que el Gobierno está negando abrir la discusión de recursos en los plazos establecidos.
“La ley manda que el Ejecutivo tiene que presentar una propuesta y se debió haber convocado al Consejo de Autonomías, que nunca se lo ha convocado”, afirmó el funcionario, quien urgió a las autoridades a cumplir la normativa del régimen autonómico.
Pero, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, dijo que no es adecuado establecer plazos porque provocaría desencuentros entre los gobiernos locales y regionales. “Es una actitud equivocada el plantearnos plazos. Es simplemente convocar al conflicto y lo que queremos son acuerdos. Me parece que es una mala salida colocarse una soga al cuello anticipadamente”, señaló la autoridad nacional.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Javier Zabaleta, explicó ayer que el plazo del 31 de enero refiere el punto de inicio para el tratamiento y el debate de este tema.
“Ésa es nuestra lectura”, enfatizó y anticipó que el pacto fiscal “es un proceso que por lo menos va a durar dos años porque es un proceso de consenso bastante grande. Va a haber seguramente descontentos”, apuntó el legislador.
Norma Piérola, legisladora opositora, afirmó que el proceso para ejecutar este gran acuerdo de distribución de recursos y responsabilidades no se concretará a pesar de los plazos que impone la ley. “El Presidente (Evo Morales) quiere seguir concentrando todo el poder económico, político y social en un solo órgano. Nos hemos vuelto más centralistas”, señaló. Se prevé que mañana el Ministerio de Autonomías emita un comunicado oficial respecto a los plazos fijados en la normativa.
Los plazos ‘fatales’
Censo 2012
El INE presentó los primeros datos oficiales el 31 de julio.
Ley marco
La norma establece que “en un plazo no mayor a seis meses (…) la propuesta técnica sobre el pacto fiscal deberá ser presentada”.
