El Ministerio Público abrió una investigación penal contra algunos funcionarios del Consejo de la Magistratura, que habrían cobrado dinero para ratificar en el cargo a varios jueces de Santa Cruz, pese a que ellos ya fueron designados con anterioridad.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, a través de un instructivo dirigido al fiscal departamental, Roberto Ramírez, le pide que inicie la investigación penal a partir de la denuncia de la propia presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani. En el instructivo, al que tuvo acceso La Razón, Guerrero hace una relación de los hechos sobre la base del memorial de Mamani.
Según el documento, el pleno del Consejo de la Magistratura, el 27 de diciembre de 2013, nombró a 59 jueces de diferentes juzgados del país. Para cada nombramiento la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura elabora un título. Una vez emitidos los títulos, señala Mamani en su memorial, ella en calidad de presidenta procede a firmarlos; luego éstos son remitidos a las unidades de Recursos Humanos de los respectivos distritos, con el fin de que las personas designadas realicen los correspondientes trámites de ley.
Sin embargo, tras la designación y elaboración de los títulos, “lamentablemente, antes de que éstos se remitan oficialmente, específicamente los títulos al Distrito de Santa Cruz, el 6 de enero personas designadas como jueces se apersonaron ante la Unidad de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz, exhibiendo fotocopias simples de los títulos de designación” (que no habían sido enviados).
Mamani añadió que “por denuncias verbales de estas personas, las mismas habrían recibido llamadas de funcionarios o supuestos funcionarios del Consejo de la Magistratura, quienes exigían el pago de sumas de dinero para que se ratifique o consolide su designación. Por información de estos ciudadanos, existe un temor fundado y amenazas en contra de ellos para que no revelen los nombres de las personas que realizaron la extorsión”, explica en su memorial de denuncia.
En ese mismo documento, Mamani señala que los títulos originales se encuentran bajo su custodia y agrega: “Por lo que tuvo que ser un funcionario del Consejo de la Magistratura quien obtuvo las fotocopias y las remitió o llevó al distrito de Santa Cruz”. Por estos antecedentes, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, solicitó a la Fiscalía medidas de protección a los denunciantes.
El fiscal departamental, Roberto Ramírez, confirmó a este medio de comunicación que ayer por la tarde se realizó el allanamiento de algunas oficinas del Consejo de la Magistratura; sin embargo, no dio más detalles del caso debido a que toda la información está siendo procesada. Extraoficialmente se conoció que las oficinas allanadas son de Recursos Humanos y la Presidencia; se habría secuestrado dos computadoras.
Luego de la denuncia, en conferencia de prensa Mamani anunció que a partir de la fecha la selección y nombramiento de jueces será de manera pública, con la participación de todas las organizaciones sociales.
La investigación penal fue establecida por la comisión de al menos seis delitos: cohecho pasivo, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, concusión y extorsión. En el mismo marco de la investigación, la Fiscalía prevé medidas de protección para los denunciantes y víctimas, además se garantiza un debido proceso para los supuestos involucrados.O
